Este lunes comienza la veda pesquera en ríos de Paraguay compartidos con Argentina y Brasil y aquellos dentro del territorio nacional. La pausa en la actividad pesquera se extenderá hasta el 21 de diciembre, periodo durante el cual estará prohibida tanto la pesca comercial como la deportiva.
En conversación con ABC Cardinal este lunes, Adán Leguizamón, director de Pesca y Acuicultura del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), explicó que el objetivo de la veda pesquera es dar un margen para que las especies ictícolas que habitan los ríos de Paraguay se reproduzcan.
Indicó que las condiciones hidrológicas actuales, con crecidas en los ríos y el aumento de las temperaturas, son favorables para la reproducción.
Subsidio a pescadores
Las personas que se dedican a la pesca comercial como principal actividad económica reciben un subsidio durante el periodo de veda, consistente en un pago único.
Lea más: La veda pesquera encuentra a los trabajadores en crisis económica
Leguizamón explicó que ese subsidio se otorga solo a integrantes de asociaciones de pescadores que están reconocidas como gremios por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), y están inscritos en el Registro Nacional de Pesca y Pescadores del Mades.
El presidente de cada asociación remite al Ministerio de Desarrollo Social (MDS), en concepto de declaración jurada, una lista de las personas que conforman su asociación. Esa lista es analizada por el MDS para verificar que las personas incluidas no reciban algún otro subsidio del Estado y luego se procede al pago único.
Leguizamón comentó que actualmente hay 7.984 pescadores comerciales inscritos en los registros del Mades. Ese número incluye a aproximadamente 1.500 pescadores de comunidades indígenas.
Lea más: Pescadores de Fuerte Olimpo llegan a la veda con pocas capturas y bajos ingresos
Pescar durante el periodo de veda conlleva severas sanciones, que pueden ir desde la incautación total de los elementos de pesca del infractor y multas administrativas que pueden llegar 20.000 jornales, hasta procesos judiciales que pueden derivar en penas privativas de libertad.