Durante su comparecencia ante la comisión que investiga presuntas irregularidades en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), la directora del Registro Unificado Nacional (RUN), Lourdes González, aseguró que las inscripciones cuestionadas se realizaron en cumplimiento de órdenes judiciales. Por su parte, el abogado Federico Campos López Moreira rechazó que las empresas representadas tengan vínculos con Gonzalo Peña Ocampos y habló de inversiones que superarían los US$ 100 millones.
La comisión que investiga denuncias de presunta corrupción y adjudicaciones o titulaciones irregulares de tierras en el Indert recibió a representantes del RUN a abogados vinculados a las empresas cuestionadas por la supuesta apropiación de más de 300.000 hectáreas en el Chaco.
Durante la reunión, la directora del RUN sostuvo que la institución actuó conforme a las normativas vigentes, por lo tanto, los registros se realizaron sobre la base de órdenes judiciales y escrituras públicas, por lo que consideró que cualquier cuestionamiento debe ser planteado ante los estrados judiciales.
Lea más: Denuncian presunto despojo de 310.000 hectáreas en el Chaco y apuntan al hijo de Santiago Peña
“Las órdenes judiciales no pueden ser cuestionadas por una dependencia administrativa”, manifestó.
En este sentido, mencionó que el RUN es un órgano técnico y administrativo y no tiene atribuciones para anular inscripciones o dejar sin efecto resoluciones judiciales.
La funcionaria indicó que la institución recibió dos notas relacionadas con el caso y que ambas fueron respondidas, mientras que una tercera presentación, mencionada por abogados de los denunciantes, todavía no había llegado a sus manos. Insistió en que las partes deben recurrir a la Justicia si consideran que existen irregularidades.
Limitaciones de adquisición de tierras en zonas fronterizas
En otro punto, González explicó las limitaciones para la adquisición de tierras en zonas fronterizas. Al respecto, dijo que la Ley de Seguridad Fronteriza establece restricciones para ciudadanos de Argentina, Brasil y Bolivia, por tratarse de países limítrofes.

En ese sentido, señaló que, según los datos que maneja el RUN, las empresas involucradas están debidamente registradas y que sus representantes serían de nacionalidad estadounidense, por lo que no estarían alcanzados por las restricciones mencionadas.
Ante la preocupación de que posteriormente puedan ceder o vender los derechos sobre esas propiedades, la directora sostuvo que la eventual transferencia sería otra cuestión que podría ser objeto de control.
Abogado niega vínculos con Gonzalo Peña
Por su parte, el abogado Federico Campos López Moreira, representante legal de Kiantar Betancourt, rechazó las acusaciones que relacionan a las empresas con Gonzalo Peña, hijo del expresidente Santiago Peña. La vinculación había sido mencionada en la sesión anterior de la comisión investigadora.

“Absolutamente. Nosotros no tenemos nada que ver con él”, afirmó el profesional, quien calificó las acusaciones como “novelas baratas e historias”, manifestó.
Además, sostuvo que las empresas representadas cumplen con las disposiciones legales y que sus derechos sobre los inmuebles están respaldados por resoluciones judiciales.
Proyecto de créditos de carbono
El abogado también mencionó un proyecto de créditos de carbono y sostuvo que las inversiones vinculadas a las iniciativas empresariales superarían los US$ 100 millones. Según explicó, este mecanismo permitiría generar beneficios económicos mediante la conservación de bosques, sin necesidad de explotarlos.
Lea más: Peña promulga “créditos de carbono” que cartistas satanizaron por “globalista”
“Estamos produciendo algo que es pasivo y lo estamos convirtiendo en un activo. No un activo solamente de la empresa, un activo del Paraguay”, expresó.
Finalmente, insistió en que su representado, Kiantar Betancourt, está indignado por los cuestionamientos y aseguró que el empresario mantiene su intención de invertir en el país, aunque manifestó preocupación por la demora de los procesos judiciales y la necesidad de garantizar seguridad jurídica a los inversionistas.
