Acceso a la justicia es mayor desigualdad del país

NEULAND. La mayor desigualdad en el país se relaciona con el acceso a la justicia. La gente pobre no tiene dinero para pagar abogados, dijo Rigoberto Zarza durante el Primer Congreso Nacional de Facilitadores Judiciales.

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El congreso se llevó a cabo ayer en presencia de la presidenta de la Circunscripción Judicial Boquerón, Teresa Gauto; jueces de Paz, intendentes, policías, mediadores, líderes indígenas, alumnos y un grupo de nuevos facilitadores judiciales que prestó el juramento correspondiente.

Rigoberto Zarza, director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, señaló que “al convertirse en expediente sabemos cuándo entra, pero no cuándo sale y la gente pobre no puede aguantar un año de juicio con abogado, entonces hay que trabajar con los facilitadores judiciales, que manejen mínimamente los mecanismos alternos de resolución de conflictos, como la mediación”.

El intendente Elmer Vogt indicó que los facilitadores deben trabajar con las “chispas” para evitar mayores incendios y Zarza agregó que estas chispas hoy día aparecen normalmente ya en la familia. Las drogas, la violencia y el bullying “están en casa, no en la calle”.

Durante el congreso se realizó también una charla sobre transformación de conflictos, dictada por Alvin Neufeld, y se brindaron explicaciones sobre la ley indígena, protección integral a las mujeres, el derecho de la niñez y adolescencia, entre otras.

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El país cuenta actualmente con 3.200 facilitadores judiciales, de los cuales el 46% son mujeres. Hay 120 indígenas y 800 alumnos, participando del sistema. "Con los pocos años de experiencia que se tiene, el impacto social ha sido muy grande, en cuanto a un mejor acceso a la justicia", según Zarza.

A nivel continental hay 15.000 facilitadores judiciales en ocho países, una red de solidaridad creada por la OEA conjuntamente con los poderes judiciales “en forma muy exitosa, porque está instalando la nueva cultura de liderazgo comunitario, de servicio, fundamentalmente en base al voluntariado.

Estos líderes son voluntarios que prestan servicio gratuito a su comunidad, no constituyen ninguna carga presupuestaria para el Poder Judicial y es la mayor alianza estratégica de un Poder del Estado con la sociedad civil”, apuntó Zarza.

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