Acuerdo sobre aviones incautados a narcos

La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil firmaron un convenio de cooperación sobre el manejo de aeronaves incautadas a narcotraficantes y contrabandistas.

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De acuerdo al convenio, la idea es establecer “mecanismos de trabajo conjunto”, especialmente en materia de incautaciones y administración de aeronaves, derivados de investigaciones procedentes del hampa.

Ademas, señala que se suscribió con el objeto de formalizar trabajos de cooperación que ya se vienen desarrollando entre ambas instituciones y se reforzarán mediante el intercambio de “información de interés estratégico” para los trámites de matriculación, uso de hangares y mantenimientos correspondientes.

Al respecto, el presidente de la Dinac, Luis Aguirre, explicó que uno de los fines específicos es evitar que un avión, luego de ser incautado, se convierta en un “pedazo de chatarra” con el transcurrir de los meses, inclusive de los años.

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"La idea es que, cuando cae un avión, helicóptero, vehículo terrestre, etc., la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) tenga la posibilidad de darle algún uso útil, entregándolos a la Policía, a la Fuerza Aérea o subastándolos directamente", afirmó Aguirre.

Añadió que lo que a la institución a su cargo le toca en este concierto es facilitar la certificación de las aeronaves decomisadas, de forma que puedan seguir volando, ya en manos de otros propietarios, de acuerdo a la ley.

La Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) es una institución creada por la Ley 5.876, promulgada en septiembre de 2017, y su labor -según la ley- radica en obtener "el mejor provecho posible" de los bienes incautados y comisados en diferentes procesos penales.

La Secretaría administra, custodia y cuida estos bienes para que posteriormente sean sometidos a una subasta pública, cuya recaudación, en un 50%, es destinada a planes de rehabilitación para personas con adicciones, de reinserción social y de prevención de hechos punibles.

El 50% restante es invertido en fortalecer instituciones del Estado, como el Ministerio Público (en especial las áreas de lucha contra el crimen organizado), el Poder Judicial, la Secretaría Nacional Antidrogas, y para las instituciones involucradas en los procedimientos, según los datos oficiales.

 

 

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