Más de G. 12.000 millones se embolsarían en total las empresas Centro de Diagnósticos y Especialidades Médicas (Ceddars) S.A. y Sagrada Familia S.A., gracias a que fueron adjudicadas en licitaciones convocadas por el Instituto de Previsión Social y el Ministerio del Interior. Sin embargo, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) decidió anular las adjudicaciones debido a que ambas firmas son dirigidas por funcionarios públicos. De acuerdo a la ley de la Función Pública, los empleados estatales no pueden ser proveedores del Estado.
En el caso de Ceddars S.A., presentó una oferta por G. 993.431.820 para contratación de Servicios Tercerizados para Estudios de Ecocardiografía y Eccodopler convocado por el IPS. Sin embargo, entre sus accionistas figuraba el Dr. Rubén Gustavo Servián Campos, quien a su vez se desempeña como médico del Dpto. de Cardiología de IPS. La DNCP decidió anular la adjudicación debido a que la firma se encontraba inhabilitada para contratar el estado de acuerdo a Ley 2.051 y la Ley 1.626/00 “De la Función Pública”. De acuerdo a estas legislaciones, el carácter de funcionario público es incompatible con el ejercicio de una industria o comercio como representante o accionista relacionados con las actividades de la repartición en la que presta su servicio.
La segunda empresa, Sagrada Familia S.A., fue beneficiada con una adjudicación por un valor máximo de G. 11.019.048.000. Sin embargo, su representante legal, el Dr. Carlos Gómez, es médico funcionario del IPS. Contrataciones anuló esta adjudicación debido a que la firma estaba inhabilitada para ofertar y contratar con el Estado de acuerdo a lo establecido por las leyes de Contrataciones Públicas y de la Función Pública, que prohíben a los funcionarios dirigir y representar empresas que a su vez sean proveedoras del Estado. Esta empresa fue adjudicada en el llamado para contratación de servicios técnicos y médicos, convocado por el Ministerio del Interior.