Tras un extenso debate, los diputados aprobaron con modificaciones el proyecto de Ley que da acuerdo suscrito Bivac y SGS para el pago de una deuda que data de 1996 con ambas firmas internacionales, monto que asciende los 62,5 millones de dólares.

Los legisladores resolvieron poner freno al pago de la deuda a Bivac por tener suspendidos los trámites de laudo arbitral en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), a la espera de lo que se decida en los Tribunales Judiciales Paraguayos.

Sin embargo, en el caso de SGS, existe un laudo arbitral que se encuentra firme, y en caso de incumplimiento se corre el riesgo de que se afronten mayores gastos e incluso embargos a nivel internacional de los activos del Estado paraguayo.

Con esta determinación, el proyecto sufre modificaciones y fue remitido nuevamente a la Cámara de Senadores, cuerpo legislativo que dio media sanción al proyecto.

Antecedentes

Tanto Bivac como SGS fueron contratadas durante el gobierno de Juan Carlos Wasmosy (1993-1998) para verificar el valor de la mercadería en el país de origen y con ello contar con una certificación que sirva para determinar el valor aduanero imponible en operaciones en el exterior. Sin embargo, las firmas no cumplieron con el cometido.

Aun así, ambas demandaron al país y la acción quedó en stand by cuando Paraguay se comprometió a cumplir con su compromiso antes del 23 de diciembre de 2013.

Un informe elaborado por la Contraloría General de la República, en marzo de 1999, señalaba que la deuda es nula, por tanto no debería pagarse.