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A través del trabajo conjunto se espera que el funcionario condenado penalmente también restituya los bienes defraudados.
El alto funcionario dijo comprender que el retraso en la respuesta del Ministerio Público se debe a los últimos acontecimientos; no obstante, confía en que el acuerdo sea ratificado en lo posible antes de abril.
“El convenio consiste en que todos los casos que lleven los fiscales nos caigan a nosotros y cuando haya una condena también haya una acción civil. Recién cuando vayamos al bolsillo y saquemos los bienes, ahí va a parar la máquina de corrupción”, dijo.
Moreno señaló que desde agosto de 2013 se tiene unas 25 denuncias penales de corrupción atribuidas a funcionarios de la administración anterior. “No todos los procesos están paralizados, pero tampoco están yendo con la celeridad que deberían”, insistió el procurador.