El editorial del diario El País aborda, por segunda vez, la situación de Paraguay señalando que la suspensión del Mercosur al país y la inclusión de Venezuela al bloque en ausencia del Paraguay constituyen un atropello.
“Para Argentina, Brasil y Uruguay, lo ocurrido en Paraguay constituyó un golpe de Estado técnico, donde pese al cumplimiento de las formas, se desconoció el orden jurídico. Como consecuencia, lo suspendieron en el Mercosur y, perfeccionando el atropello, incluyeron a Venezuela. Algo similar ocurrió con la Unasur”, señalan.
Indican que la democracia paraguaya “está lejos de la perfección” y trae a colación la guerra contra la Triple Alianza, que dejó diezmada la población guaraní, que de 1.500.000 pobladores se quedó con solo 200.000 habitantes.
Recuerda la dictadura de Stroessner como otro fatídico suceso en el Paraguay, que dio como resultado la Constitución de 1992, que “por comprensibles razones históricas” instituyó un régimen semiparlamentario por otorgar al Congreso “preeminencia sobre un Ejecutivo tradicionalmente autoritario”.
“Haciendo uso de tal preeminencia (Art. 225), el Legislativo acaba de destituir al Presidente, por mal desempeño de sus funciones, mediante el voto conforme de más de dos tercios de ambas cámaras. En lo que, guste o no, constituye un acto soberano”, reiteran.
Agrega que “no piensan lo mismo sus vecinos latinoamericanos, que encabezados por Argentina y Brasil, en un injustificado atropello a la autonomía del Estado paraguayo, le reputan un quebrantamiento constitucional. Podrá objetarse que su Constitución permite censurar demasiado fácilmente al Presidente de la República o que no le da el tiempo adecuado para defenderse. Se omite considerar que la pérdida de confianza política en el Ejecutivo, es facultad típica de un régimen parlamentarista al que el consenso politológico mundial evalúa por encima del presidencialismo y que ni siquiera exige expresión de causa para su puesta en práctica”.
El texto menciona a Human Rights Fundation, que rechazó la acusación de los citados países y coincidió en que lo actuado es conforme a la Carta de la OEA, al Protocolo de Usuhaia, referido al Mercosur y al Protocolo de Unasur 2010.
“Conclusión a la que arriba al entender que el fallo senaturial, de legítima naturaleza política y no penal, no se legitima por la duración del proceso sino por la convicción de quienes lo adoptan. Y así lo ratifica el propio pueblo paraguayo, que no ha levantado un dedo en defensa de Lugo, del derecho de su país o del nuevo consenso ideológico latinoamericano”, indica.
Vuelven a criticar al gobierno de José Mujica al acompañar la decisión de sancionar al Paraguay convirtiéndose en “coautor del más grave de los delitos internacionales: el atentado contra la independencia y soberanía de un Estado vecino”.
El acompañamiento de Uruguay “cercena los derechos e intereses del Paraguay” a nivel internacional y desconoce “la centenaria tradición de respeto al principio de la no intervención y el inviolable derecho a la libre determinación de los pueblos”.