La ASIET, mediante un comunicado emitido este jueves en Madrid (España), advierte que así como está planteada la ley sobre activación de líneas telefónicas "es inaplicable" y generaría severos efectos nocivos para los consumidores y el mercado.
El ente argumenta que las telecomunicaciones contribuyen "de forma fundamental" a la seguridad pública, facilitando la comunicación entre las familias, las llamadas de emergencia, o la posibilidad de recibir alertas en caso de urgencia.
Añade que las telecomunicaciones también realizan "aportes concretos" para la seguridad ciudadana día a día, razón por la cual, para tener más seguridad, se requieren más telecomunicaciones, y no menos. "Cada decisión que afecte en esta materia debe considerar la importancia que la conectividad tiene para el desarrollo social", resalta la asociación.
Señala que igualmente ha solicitado, mediante carta enviada esta misma semana al presidente de la República, que en pleno uso de sus facultades constitucionales vete la ley que regula la activación de líneas telefónicas, ya que la entrada en vigor de dicho proyecto sería muy perjudicial para los usuarios y el sector en su conjunto.
En ese sentido, la ASIET cree que debe atenderse a que el plazo de un año dado a los usuarios ya existentes para acudir físicamente a brindar sus datos nuevamente a su operador generaría importantes dificultades logísticas y operativas a los afectados.
Además, dice que implicaría que, eventualmente, muchas personas y empresas que no puedan cumplir con lo pautado verían desactivadas sus líneas y se dificultaría la incorporación de nuevos usuarios, sobre todo vinculados a segmentos desfavorecidos o a regiones alejadas de los centros urbanos.
Añade que la existencia de un registro no garantiza que la información proporcionada por parte de los usuarios sea real y la obligación de que sean los concesionarios quienes verifiquen la veracidad de dichos datos es poco factible, además de implicar una alta carga de costos a las operadoras.
Alerta que en el país existen más de 7 millones de líneas celulares, por lo que los afectados por dificultades podrían ser miles de usuarios", alerta. "Por ello, entendemos que es necesario revisar el procedimiento de registro y los plazos establecidos en la iniciativa, de forma que todos los sectores de la población puedan cumplir con lo estipulado en la norma sin dificultades", sugiere.
Respecto a la responsabilidad penal de los representantes de las empresas prestadoras, la asociación cree que se trata de una "medida extrema" que no condice con la permanente voluntad de esta industria por contribuir al desarrollo del Paraguay.
Entiende además que una medida como esta podría causar que las operadoras limiten su actividad comercial únicamente a la venta directa en sus locales, causando perjuicios económicos para miles de trabajadores dedicados a estas tareas al suponer la desaparición de numerosos puntos de venta tercerizados, dificultando aún más el acceso de la población a los servicios de telecomunicaciones.
Dice que la desaparición de estos puntos de venta podría implicar además el surgimiento de nuevos mercados ilegales de venta de terminales. "Con los peligros que esto supone o la comisión de nuevos delitos relacionados con la usurpación de la identidad de los usuarios", advierte.
Finalmente solicita la apertura de un "espacio de diálogo" entre las autoridades públicas, las empresas y el Congreso nacional, en aras de consensuar las modificaciones necesarias para que el proyecto pueda cumplir con el objetivo de proteger a la población, a la vez que se eviten los inconvenientes mencionados. "Ofrecemos el compromiso de nuestra asociación para trabajar conjuntamente en la materialización de esta iniciativa", subraya.