El abogado, criminólogo e investigador Juan Martens cuestionó la respuesta del Gobierno tras el ataque armado ocurrido en Naranjito, departamento de Canindeyú, donde murieron dos agentes policiales y un civil. A su criterio, las distintas hipótesis difundidas en menos de 24 horas evidencian improvisación y afectan la credibilidad de las instituciones encargadas de la seguridad.
Martens sostuvo que el atentado debe analizarse dentro del contexto de la geopolítica del crimen organizado que caracteriza a Canindeyú y advirtió que llegar a conclusiones apresuradas podría entorpecer la investigación.
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Canindeyú, un territorio estratégico para el crimen organizado
El investigador explicó que el departamento concentra la presencia de organizaciones criminales como el Primer Comando da Capital (PCC), el Comando Vermelho, remanentes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y estructuras del narcotráfico local. A ello se suma una extensa frontera seca con los estados brasileños de Paraná y Mato Grosso do Sul, además de rutas estratégicas utilizadas para el tráfico de drogas, armas y mercaderías de contrabando.
También recordó que históricamente Canindeyú ha registrado vínculos entre el narcotráfico y sectores de la política, una situación que, según dijo, complejiza aún más cualquier análisis sobre hechos de violencia en la zona.
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“Tres versiones en menos de 24 horas”
Uno de los principales cuestionamientos de Martens apunta a la narrativa oficial. Recordó que inicialmente el ministro del Interior, Enrique Riera, atribuyó el ataque al EPP. Posteriormente, organismos de inteligencia pusieron en duda esa hipótesis y, finalmente, el Ejecutivo habló de una presunta acción conjunta entre el EPP y otros grupos criminales.
“Tenemos tres versiones sobre lo acontecido. Eso nos muestra que hay cierta improvisación en el relato mediático y genera mayor desconfianza”, afirmó el criminólogo.
Asimismo, cuestionó que una de las principales evidencias mencionadas por las autoridades sea la utilización de armas que anteriormente habrían sido empleadas por el EPP.
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Cuestiona la hipótesis basada en las armas
Martens señaló que el hecho de que un arma haya sido utilizada anteriormente por un grupo criminal no constituye una prueba concluyente para atribuir la autoría del ataque.
Explicó que ese tipo de armamento puede cambiar de manos entre organizaciones delictivas mediante ventas, préstamos o intercambios, por lo que consideró insuficiente utilizar ese elemento como principal sustento de la investigación. En ese sentido, insistió en que, con la información disponible, no corresponde descartar ninguna hipótesis.
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Críticas a la estrategia de seguridad
El investigador también cuestionó la gestión del Gobierno en materia de seguridad y el funcionamiento de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), instalada en Canindeyú desde 2024.
Afirmó que, pese a los importantes recursos destinados a esa fuerza, continúan registrándose hechos de extrema violencia y persisten denuncias sobre presuntos vínculos entre integrantes de organismos de seguridad y estructuras del narcotráfico.
Martens advirtió que una investigación seria debe considerar todas las variables antes de atribuir responsabilidades y sostuvo que apresurar conclusiones no solo debilita la credibilidad del Estado, sino que también profundiza la desconfianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado.