Los que apoyan la medida de fuerza son las comunidades Garai, 10 de Junio, La Esquina, Jesudi, 15 de Septiembre, 2 de Enero e Ijnapui. Los ayoreos exigen la reparación de una camioneta comunitaria de la comunidad Garai y una ayuda alimenticia, según indicó el líder Taobi Picanerei.

Los líderes levantaron parcialmente la medida de fuerza el martes, para poder acceder a un diálogo con el gobernador, quien les prometió ayuda para el vehículo, pero no ahora mismo, por carecer de los recursos. También les prometió intermediar ante la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para que envíe técnicos a las comunidades para una evaluación de la situación y ayuda alimenticia.

Pauls dijo que la gobernación no tiene presupuesto para comprar víveres en forma masiva a los nativos. "Esto significaría dejar sin alimentos, por ejemplo, al hospital materno infantil departamental en Villa Choferes", ejemplificó el gobernador. Los ayoreos se rieron de la propuesta del gobernador de esperar a técnicos, señalando que esta medida no hace falta. Disconformes por no conseguir una ayuda inmediata, levantaron la sesión después de una hora y media de conversación y desde anoche continúan con el cierre de ruta y la cobranza de "peaje", hasta tanto tengan una respuesta más concreta, como dicen ellos.

Señalaron que existen ganaderos que les entregan víveres para que puedan aguantar con la medida de fuerza. Dejaron en claro que podrían trasladar la manifestación también a Filadelfia. Carlito Diri Etacore de la comunidad Ijnapui explicó que perdieron sus cultivos primeramente por la sequía y después por las abundantes lluvias. Agregó que son pequeños productores y perdieron todo. Indicó, asimismo, que el beneficio del programa Tekoporã es muy limitado y no les alcanza, como así tampoco el Programa Alimentos Por Trabajo (PMA). Etacore y otros líderes se mostraron muy molestos por el anuncio del intendente de Filadelfia, Holger Bergen (PPQ), de no cooperar más con estas comunidades si siguen cerrando la ruta.

Taobi Picanerei negó la existencia de un ofrecimiento de la Municipalidad de Filadelfia para la reparación de su camioneta. Admitió que entre el martes y el miércoles cobraron a unos 20 choferes peajes de entre G. 50.000 y G. 100.000 por vehículo en los piquetes instalados en la ruta de acceso.

Por su parte, Alba Morel, de la Dirección de Derechos Étnicos, dijo que fueron más los vehículos que pagaron el monto para poder circular libremente en la zona de Teniente Montanía. Morel les explico varias veces que no pueden cerrar la ruta ni cobrar peaje porque es un hecho ilegal e irregular. Por su parte, el fiscal Pablo Andrés Zárate anunció una investigación de los hechos, independientemente de las conversaciones entre los ayoreos y la gobernación.

Agregó que cooperará para que los nativos entiendan que no pueden cerrar la ruta ni cobrar peaje e indicó que abrirá una carpeta fiscal por coacción, perturbación de la paz pública y perturbación de servicios públicos.