Luego de prestar declaración indagatoria por más de tres horas ante la fiscal Alba DelValle, el exministro de Industria y Comercio Diego Zavala Serrati conversó con ABC Color sobre su declaración, dijo que relató al Ministerio Público que todas las contrataciones en el Ministerio se hicieron regularmente, “todas las funciones fueron cumplidas por los funcionarios durante el periodos al menos en lo que me toco a mí, no hubieron quejas con relación a ellos y los pagos se hacían  en las respectivas administraciones que teníamos, tanto de los proyectos PNUD como las que estaba encarando el Ministerio de Industria y Comercio”. 

Mencionó que acercaron toda  la información a la fiscalía sobre los programas que se estaban haciendo y se venían realizando normalmente en el Ministerio de Industria y Comercio y las contrataciones de esos funcionarios fueron realizadas totalmente en forma regular, “además esos funcionarios que trabajaban en esa época siguen trabajando actualmente y anteriormente antes de que yo llegue como ministro al MIC, ya estaban contratados, muchas de ellas viene de la época anterior del ministro José María Ibañez, son todos recontrataciones, son todos proyectos que se venían realizando por el ministerio y en consecuencia para poder continuar con estos proyectos tenía que recontratarlos”.

Por otro la lado, mencionó que se apresuró la fiscalía para imputarlo. “Debería de habernos escuchado primeramente antes de hacer una imputación, puesto que en la carpeta fiscal nosotros íbamos a dar toda la información sin necesidad de una imputación. De todas maneras confiamos en la buena voluntad de la fiscalía, que ellos van a hacer su trabajo y que en consecuencia todo este malentendido se va a aclarar enseguida”.

La fiscala Alba Delvalle había imputado a los exministros de Industria y Comercio Francisco Rivas, Ricardo Martín Heisecke Rivarola y Diego Manuel Zavala Serrati por lesión de confianza. Además de los exministros, fueron incluidos en la imputación otras 46 personas, entre las que se encuentran viceministros, directores y coordinadores de proyectos y programas, a quienes se les atribuye la comisión de los delitos de lesión de confianza, estafa, cobro indebido de honorarios y producción de documentos no auténticos.

Es por la presunta contratación de profesionales con perfil técnico, entre los años 2009 y 2013. Los contratados cobraron en concepto de honorarios, pero no habrían prestado servicio alguno a la institución. La remuneración mensual oscilaba de 4 a 10 millones de guaraníes, de acuerdo a la imputación fiscal.