“No es una casualidad que separen del cargo a Arregui en este momento, en el que están pendientes pedidos de desafueros”, refirió la Dra. María Victoria Rivas, directora del CEJ.

Según argumentó Rivas, la situación se agrava, “considerando que es un mensaje claro a los demás Fiscales que están investigando hechos de corrupción pública. El mensaje de amenaza debilita y desanima a los demás fiscales que forman parte de la Unidad Anticorrupción y de todo el sistema judicial”, remarcó.

El cambio del fiscal Carlos Arregui, que terminó por empujarlo a su renuncia del Ministerio Público, “borra de un manotazo el esfuerzo de varios años de institucionalidad de la sociedad civil y la Cooperación Internacional”.

PRESIÓN POLÍTICA

A pesar de los esfuerzos por intentar justificar los cambios, el hecho refleja una evidente presión de la clase política.

“La ilegítima e ilegal presión de políticos pone en retroceso al país que pretende luchar contra la corrupción. Se distorsiona completamente el sentido de la democracia”, expuso.