La reglamentación de la objeción de conciencia al Servicio Militar Obligatorio (SMO) causó revuelo en todo el país. Filas de personas tratando de gestionar sus documentos para zafarse de esta disposición y una gran cantidad de comentarios a favor y en contra; incluso movilizaciones.
Lea más: Fila de dos cuadras y media por objeción de conciencia
El legislador Carlos Rejala (Partido Hagamos), quien se considera el representante de los jóvenes en el Congreso, también opinó al respecto. Dijo que, a pesar de que el SMO está contemplado en la Constitución Nacional, “en nuestro contexto está desfasado”. Agregó que los jóvenes necesitan más bien empleo y educación digna.
Lea más: Objetores guaireños gritan “Marito sinvergüenza”
Según su parecer, el servicio militar tampoco sacará a los jóvenes de la ignorancia ni de la pobreza, sino “las oportunidades de trabajo y de educación”. Criticó la manera en que el Gobierno está dando a conocer las informaciones sobre este tema, puesto que sostiene que los datos no son claros, lo cual causa mayor rechazo de los jóvenes.
Lo ideal –afirmó– sería incentivar a las personas a llevar a cabo este servicio, pero no de la forma en que se encaró con sanciones y multas.
Lea más: La objeción, paso a paso
“Por donde se lo mire, es complicado para el joven, desde documentarse, esperar dónde le va tocar el servicio sustitutivo, las horas de voluntariado a cumplir, pagar una multa o declararse insolvente. Ser objetor y todo lo que se le viene encima desde enero será un suplicio para los jóvenes”, ejemplificó.
Confirmó su voto a favor de derogar un fragmento de la Ley 569/75, que en su capítulo 5, define las sanciones por no cumplir el SMO, así como los servicios civiles de voluntariado que también son una opción. El pedido de que sea tratado por la Comisión Permanente del Congreso se realizó ayer por parte del Partido Liberal.
Lea más: SMO: piden sesión extra
Rejala anunció que propondrá que se derogue la Ley de Objeción de Conciencia, cuya reglamentación entrará a regir desde la semana que viene.
La polémica surge principalmente entorno a las cifras de las multas que deben pagar los objetores de consciencia que decidan no hacer los servicios establecidos.
