Castillo dijo a ABC Cardinal que las fugas de los centros educativos son por lo general de chicos que salen en busca de ver a personas que no los visitan, como sus padres, amigos o parejas. Además, debido a la edad en la que se encuentran –entre 14 y 17 años–, tienden a comportarse de manera rebelde con las autoridades y tratan de no seguir las reglas. 

Expuso que los centros educativos tienen una finalidad distinta a los reclusorios; tratan a los chicos de manera multidisciplinaria para reinsertarlos a la sociedad, con profesionales en psicología, trabajo social, educación, entre otras especialidades.

Sostiene que muchos de estos adolescentes, por su apariencia producto de las condiciones en las que viven –asentamientos y cinturones de pobreza–, sienten el rechazo de la gente en las calles. Por ello, el trabajo no solo es con ellos, también hay mucho que hacer con la sociedad para cambiar esta visión.

“Tenemos chicos que dejaron la escuela desde el primer grado incluso”, expuso, por lo que se implementa un sistema de educación desde cero para ellos en los centros, que les permita retomar la vida escolar una vez que estén libres. Entre el 70 y el 80 por ciento de los menores recluidos en Itauguá solo tiene escolaridad entre el 3° y 4° grado.

“Trabajamos con ellos también en la comprensión del hecho que se le atribuye. Muchos de ellos no comprenden por qué están ahí”, acotó.

Refirió que existen varios elementos que inciden sobre la conflictividad de los adolescentes, como la cultura del consumismo, es decir, la “necesidad” de tener un teléfono moderno y el poco acceso a estas tecnologías con que cuentan, la facilidad de acceder a las drogas, el cambio de cultura del campo a las ciudades, entre otros.