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Este nuevo acuerdo entre el Indert y la Empresa Victoria Paraguay, administradora de las tierras y el Comité de Iglesias, es para buscar una vez más regularizar unas 30.000 hectáreas de tierra a ser donadas al Indert para finalmente destinarse a la reforma agraria, en favor de los pobladores de esta localidad.
Con la firma de este documento, el Indert se compromete a realizar un relevamiento de datos pormenorizados, que comprenderán trabajos técnicos topográficos para delimitación del área a ser donada. Además, un censo poblacional de los ocupantes de las fracciones de las tierras que la mencionada empresa se compromete a entregar.
Asimismo, la empresa Victoria Paraguay se compromete a correr con todos los gastos que generará la realización de dichos trabajos, tendientes a la regularización de las 30.000 hectáreas a ser donadas.
El documento lleva la firma de la titular del Indert, Gail Gina González, el presidente de la empresa Victoria Paraguay, Diego Puente, y el representante del Comité de Iglesias, Oliver Narváez.
Largo peregrinar
En el 2000, el grupo ligado al ya fallecido Sun Myung Moon logró instalarse en la localidad de Puerto Casado tras adquirir unas 600.000 hectáreas de la antigua empresa taninera de Carlos Casado y entonces se inició la lucha de los pobladores por acceder al sueño de la tierra propia, ya que los nuevos dueños compraron la propiedad con toda una población incluida, que por entonces era de unos 4.500 habitantes.
Los conflictos por la reivindicación de las tierras llevaron inclusive a los pobladores a realizar largas caminatas hasta llegar a la misma capital, en busca de hacer conocer el reclamo.
Esta lucha llevó al Estado paraguayo en el 2005 a expropiar a favor de los pobladores 52.694 hectáreas, pero luego esta determinación política quedó en la nada, ya que la Corte Suprema de Justicia decidió declarar inconstitucional la ley y, en cambio, se les concedió una donación de 30.000 hectáreas, pero que nunca fueron transferidas a favor de los colonos.
Conflicto de tierras en Puerto Casado podría generar enfrentamiento social
Sin contar con los títulos de propiedad, algunas personas procedieron a ocupar parte de las tierras donadas, por lo que el entonces presidente del Indert, Emilio Camacho, decidió declarar la colonización de hecho con el objetivo de legalizar la donación.
En el 2015, el titular del Indert, el político procesado y condenado Justo Cárdenas, volvió a anular la resolución de ocupación de hecho, lo que agravó de nuevo la lucha. Luego, se tuvo otra resolución de ocupación de tierras firmada por Mario Vega, presidente por entonces del Indert.
En el 2021, los pobladores sufrieron de nuevo un revés judicial, ya que la actual presidenta del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de las Tierras, Gail Gina González, decidió revocar la colonización de hecho, tras obtener informes de que no existían ocupantes ni construcciones en las tierras a ser donadas.
Esta ultima determinación inclusive llevó a un enfrentamiento entre los obispos Gabriel Escobar, del Vicariato Apostólico del Chaco, y Mario Melanio Medina, del Comité de Iglesias. Mientras que el religioso de la Región Occidental objetaba la determinación de la titular del Indert, por basarse en informaciones falsas de sus funcionarios, monseñor Medina aplaudía el hecho, alegando que detrás de estas ocupaciones estaban varios políticos de la zona.
En medio de este largo peregrinar se cumplen 22 años de lucha de estos pobladores, sin que hasta la fecha logren el objetivo de acceder a un pedazo de tierra.