Las comunidades indígenas Pycasu y Sirakua de la etnia Guaraní Ñandéva de Mariscal Estigarribia, denuncian trabas impuestas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por presión del sector privado para la presentación de certificados ambientales. Esto se debe a la aplicación de una adenda, que exige como garantía a todos los oferentes de los certificados una póliza de seguro, la cual ninguna aseguradora puede expedir a las comunidades indígenas por la calidad comunitaria de las tierras que ocupan.
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Ahora exigen pólizas de seguro
En un principio, los pliegos de bases y condiciones para la presentación de ofertas de certificados ambientales para las comunidades indígenas exigían en el caso de las garantías solo una declaración jurada (hecha generalmente por el líder). Pero luego la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas con el acuerdo del MOPC -que es la entidad que compra los certificados- exigió que todos los oferentes tengan que respaldar sus ofertas con pólizas de seguro de mantenimiento de oferta.
Nadie quiere expedir póliza a nativos
Eso deja fuera a las comunidades nativas porque ninguna aseguradora quiere expedir una póliza, sin que las comunidades ofrezcan garantías reales en bienes muebles o inmuebles, y por ley las comunidades ocupan tierras que son de uso comunitario. Por ende, las mismas no pudieron presentar en oferta sus certificados y esto les resta un importante ingreso para sobrevivir.
“Creemos que esta situación es muy injusta. Por mucho tiempo luchamos para la certificación de nuestros bosques, esperando el llamado a licitación, el cual nos va permitir tener una mejor calidad de vida (...). Pero ante la adenda presentada, las entidades bancarias se niegan a otorgar pólizas de garantía, ya que las comunidades indígenas no disponemos de garantías prendarias o hipotecarias como el sector privado. Además, nuestras tierras ancestrales son protegidas por la Constitución Nacional”, alegaron los afectados.
Solicitud de prórroga
Los dos llamados a la licitación por la Certificación Ambiental esta semana ascienden a G. 36.058.568.968 y G. 1.583.519.955 millones. Otros dos llamados se realizarán esta semana por lo que solicitarán una prórroga de los plazos al MOPC, para negociar las condiciones en las que puedan participar.
Los nativos afectados subrayaron además que por ley los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida. Por ende, la emisión de los certificados tendría que ser accesible a los sectores poblacionales menos favorecidos.
Intentamos obtener la parte del MOPC, pero al momento del cierre de esta nota, no respondieron nuestras llamadas ni mensajes.