Julia Beatriz Vargas Meza, la compradora de la Finca 10.245, ubicada en el departamento Boquerón, donde habita la comunidad Cuyabia del pueblo ayoreo, obtuvo libertad ambulatoria durante una audiencia de imposición de medidas llevada a cabo hoy. La ciudadana oriunda de Ciudad del Este no posee la dotación económica para la transacción, según la imputación de la fiscala Alba Delvalle, y está fuertemente vinculada con un grupo de empresarios brasileños de apellido Sarabia.
El Juzgado Nº 9 de Garantías a cargo de la Jueza Griselda Caballero decretó la prohibición de salir del país, la obligación de comparecer ante el Juzgado de Garantías una vez por el mes, y la prohibición de acercarse al Instituto del Indígena (Indi) y sus autoridades. Vargas obtuvo las medidas en base a una caución real de un inmueble de aproximadamente 500 millones a su nombre así como la fianza personal en 100 millones de cada uno de sus abogados.
La compradora de las tierras fue imputada como cómplice de la venta irregular de las tierras indígenas, realizadas por el ex titular del Indi Rubén Darío Quesnel, también imputado por lesión de confianza.
Por otro lado, Vargas Meza ofreció oficialmente ante el Ministerio Público y el Poder Judicial la devolución de las tierras de la comunidad indígena Cuyabia a cambio del dinero abonado en la transacción.
Para el 13 de junio está citado el actual presidente del Indi, Rodolfo Aseretto, quien tendrá que manifestar su conformidad o no en relación a esta propuesta de la devolución de las tierras. Maximiliano Mendieta, representante legal de la comunidad, pidió que los indígenas sean incluidos en esta toma de decisión.
En noviembre del 2012, Quesnel vendió la finca 10.245, donde habita la comunidad Cuyabia del pueblo ayoreo. La transferencia del inmueble se hizo en G. 1.250 millones (G. 50.000 la hectárea) a favor de Julia Beatriz Vargas Meza, oriunda de Ciudad del Este y abogada de la empresa Agrofertil. Vargas Meza figura también como directora ejecutiva del Centro Tecnológico de Desarrollo e Investigación (Cetedi). Ambas empresas pertenecen a una familia de empresarios brasileños de apellido Sarabia.
La transacción fue concretada por un valor inferior al 10 por ciento del valor real del mercado y además viola las disposiciones del Artículo 64 de la Constitución Nacional, que establece que los pueblos indígenas “tienen el derecho a la propiedad comunitaria de la tierra” y se prohíbe “la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos”.
La fiscala Alba Delvalle imputó por lesión de confianza a Quesnel, a Vargas y a la abogada Carmen Orlandini, del Indi, en carácter de cómplices. Tras una audiencia de imposición de medidas, Quesnel evadió la cárcel con una fianza de G. 500 millones de guaraníes.