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Los datos dan cuenta que el ente regulador del mercado de las telecomunicaciones, presidido por Teresita Palacios desde 2015, se embolsó alrededor de G. 180.000 millones de las telefónicas entre los años 2013 y 2017.
Pero de todo ese dinero apenas otorgó unos G. 28.000 millones, para financiar proyectos tales como internet gratuito en plazas y expansión de redes de fibra óptica en varios departamentos del país, para ampliar los servicios de telefonía e internet.
En 2013, año en que asumió el Presidente Horacio Cartes, y que Conatel recaudó alrededor de G. 40.000 millones, su entonces titular Eduardo Nery González Martínez, otorgó dos licitaciones a la telefónica del Estado, Hola Paraguay (Vox), por valor de G. 5.206 millones. Uno de los contratos de G. 2.206 millones era proveer internet gratuito en plazas y el otro de G. 3.000 millones para expansión de red de fibra óptica.
En 2014, año en que recaudó G. 55.000 millones, figura la adjudicación de cuatro contratos por valor de G. 21.200 millones a Telecel SA (Tigo) para la provisión de internet a 176 centros de unidad familiar del Ministerio de Salud para el servicio de telemedicina, otro para la expansión de fibra óptica y telefonía móvil e internet. Nuestro diario pudo comprobar el año pasado que en varias zonas el servicio de telemedicina funcionaba a medias o directamente no funcionaba.
En 2015, periodo en que el ente regulador recaudó G. 35.000 millones de las operadoras telefónicas, otorgó un contrato de G. 1.984 millones para la puesta en funcionamiento del sistema 911 en la ciudad de Concepción.
La recaudación en 2016, al igual que en el ejercicio 2017 trepó a G. 24.700 millones. No existe ni una sola adjudicación que haya realizado el ente regulador en estos periodos, según su página en internet. Quizás el dinero está generando intereses exiguos o importantes en algún banco de plaza. Estos años, al parecer, Conatel estaba más centrada en la adjudicación del espectro para internet de alta velocidad 4G.
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El dinero del Fondo de Servicios Universales (FSU) proviene del aporte del 1% sobre sus ingresos brutos de las telefónicas Tigo, Personal, Claro y Vox (Ley 642/95), que van al denominado FSU.
En principio el dinero solo debía financiar servicios de telefonía e internet. Es así que los primeros años, entre 1999 y 2002, el regulador otorgó subsidios a varias empresas privadas para la provisión de telefonía rural y servicio de internet a varias escuelas públicas.
Pese a los millonarios desembolsos los proyectos no funcionaron, según pudo comprobar la Contraloría General de la República mediante una auditoría practicada en 2005. El caso terminó en los estrados judiciales, pero sin castigo a los responsables del mal uso del dinero público. Desde el 2006 estuvo procesado en la causa el actual senador colorado Víctor Bogado, ex titular de Conatel, pero fue blanqueado por la Justicia en 2012.
El reglamento del FSU se modificó en 2002 para permitir no solo financiar telefonía e internet sino también para otros proyectos de interés ciudadano como fue el Sistema 911 en 2003.