La defensa de Cardozo recusa a la fiscala por haber incurrido supuestamente en mal desempeño en sus funciones y pide al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, que designe a un nuevo fiscal -"objetivo"- que conduzca el proceso dentro del marco procesal. Asimismo, en su pedido, el abogado del parlamentario solicita que los antecedentes de la fiscala Claudia Criscioni sean enviados al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
En este caso, la fiscala Criscioni procesó por estafa y lesión de confianza al parlamentario Cardozo (ya desaforado) por hechos que acontecieron durante su administración en el MAG, durante el gobierno de Federico Franco. El daño patrimonial estimado por la investigadora es de nada menos que G. 68.264.779.224, más la suma de G. 700 millones. En aquella ocasión también se incluyó a otras 23 personas.
La defensa de Enzo Cardozo alega que la representante del Ministerio Público perdió objetividad y que persigue a su cliente a fin de "condenarlo a toda costa".