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Enrique Villagra, defensor de los uniformados Alcides Villagra Giménez, Cristian Maximiliano Vázquez, Melchor Gaspar Cabrera Paredes y Wilder Carlile Amarilla, involucrados en el caso Berilo que dio con la detención del sospechado narcotraficante Reinaldo Cucho Cabaña, solicitó el desglose y la reasignación de la causa de sus defendidos a una unidad ordinaria del Ministerio Público, y no a la Unidad Especializada de Lucha contra el narcotráfico, pues asegura que los hechos punibles cometidos por lo policías, de existir, no guardan relación con el tráfico de estupefacientes.
Los uniformados fueron imputados por el Ministerio Público por los hechos punibles de cochecho pasivo agravado, frustración a la persecución penal y asociación criminal. Ante este escenario, el defensdor solicita a la Fiscalía dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 17 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que se refiere al sistema de asignación de causas, para proceder a la “recarátula” de la causa de sus defendidos.
Enrique Villagra resaltó que la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico “, tiene como finalidad la de investigar exclusivamente los hechos punibles de tráfico, tenencia y posesión de drogas, e impedir la legitimación del dinero y los bienes productos de la comercialización y el tráfico de drogas”.
El jurista asevera que los hechos por los que sus clientes son investigados no guardan relación alguna con la infracción a la Ley No. 1340/88 (Narcotráfico) motivo por el cual considera que la causa debe ser investigada “separadamente de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotrafico.
Este pedido lo hace, asegura, a fin de “evitar el retardo procesal y consecuentemente facilitar el ejercicio de la defensa”.
Además, se planteó la revisión de medidas de estos mismos imputados, para el 28 de setiembre a las 08:30 en el Juzgado Penal de Garantías Nº 10 de la Capital.
Antecedentes
Los uniformados fueron imputados por sospechas de haber liberado a Diego Medina Otazú, presunto secretario privado de Cucho e hijo de la concejala departamental de Alto Paraná Mabel Otazú Medina, que cayó en una barrera policial con US$ 190.000 y fue liberado presuntamente por intermediación del diputado Ulises Quintana, según escuchas ordenadas por la Senad.