Según explicó el defensor del Pueblo, la ley N° 1618/2000 “De concesiones de obras y servicios públicos”, establece “a secas” la posibilidad de celebrar contratos de concesión de obras o servicios públicos por hasta 30 años, sin mayores requisitos, permitiendo así que los gobernadores, intendentes y otras autoridades de gobierno puedan establecer grandes negociados que duren “toda una vida”, a su antojo y sin ningún control estricto.

Godoy señaló que, tras un análisis exhaustivo de la estructura legal, cualquiera pueda percatarse de que la ley de concesiones “está diseñada justamente como para que, si ocurren hechos punibles que perjudiquen a los ciudadanos, no haya ninguna responsabilidad ni penal ni civil”, enfatizó el defensor.

Según detalló el defensor, otra desventaja es que la lesión de confianza tiene como prescripción cinco años, por lo que al prolongar las concesiones a 30 años, los responsables de delitos como estos pueden “zafar” de las penas.

“Las gobernaciones tienen todo el derecho de hacer concesiones de obras públicas pero hasta el límite en que duren sus mandatos, es lo lógico”, aseveró Miguel Godoy.

No obstante, la modificación de la ley propuesta por Godoy establece una excepción, en razón de la implementación de políticas de desarrollo a largo plazo. “Los tres poderes del Estado podrán autorizar la concesión de obras o servicios públicos por una extensión que no exceda los veinte años; con previos dictámenes de la Contraloría General de la República y la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social. Dicho plazo se computará a partir del día siguiente de la suscripción del contrato de concesión”, establece el proyecto de ley del defensor del Pueblo, quien informó que en los próximos días tras la presentación del proyecto en la Cámara Baja, hará lobby con algún diputado para que encabece el proyecto en el Congreso.