En contacto con ABC Cardinal, el presidente de la Junta, Carlos Ferreira (ANR, cartista), sostuvo que ni él ni sus colegas tenían conocimiento de que la empresa adjudicada para la auditoría externa tenía malas referencias financieras. Cobamo Consultores y Asesores tiene una demanda, una inhibición y cuatro operaciones morosas en varias empresas, según informes comerciales. El socio firmante es Rafael Carvajal Valdez y el auditor, José Acosta.

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Esta firma fue adjudicada ayer vía contratación directa, por decisión de la plenaria de la Junta y en la sesión extraordinaria convocada para recibir el descargo del intendente Ferrer sobre cuestionamientos a su administración. Los concejales resolvieron someter todas las documentaciones del Ejecutivo a una consultora externa para luego analizar el pedido de intervención de la municipalidad, solicitada por el concejal Nery Quiñónez (ANR, Añeteté).

Se presume que la maniobra solo es para dar oxígeno al jefe comunal, denunciado por pagar por obras "fantasma", entre otras sospechas de irregularidades y corrupción en su gestión. La auditoría privada le costará a los contribuyentes de San Lorenzo unos G. 100 millones.

El concejal Carlos Ferreira explicó que es urgente aclarar lo antes posible las denuncias, por lo que decidieron recurrir a una empresa privada y evitar también hacer una licitación por concurso de ofertas. Se presentaron varias carpetas de consultoras interesadas y ayer, en la sesión extraordinaria, “se declaró un cuarto intermedio y los colegas decidieron contratar a una de ellas”, detalló el edil cartista y aliado del intendente Albino Ferrer.

La contratación de Cobamo Consultores y Asesores, que presentó la oferta más baja, fue propuesta por el concejal liberal Ovidio Ortiz y fue secundada por el colorado Nelson Peralta Torres.

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Ferreira aclaró que, a pesar de los antecedentes de la empresa, que salieron a la luz este miércoles a través de los medios de comunicación, hasta el momento no piensan adjudicar la auditoría a otra empresa.

La firma del contrato se tiene que hacer hoy y la firma tendrá 20 días para terminar el trabajo. Posteriormente, con las conclusiones de la investigación, los concejales analizarán el pedido de intervención a la Municipalidad de San Lorenzo. Si es aprobado, la solicitud deberá ser estudiada por la Cámara de Diputados.