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El Decreto Nº 11.136 establece que la eliminación de la pobreza extrema en Paraguay es una causa nacional, en el marco de la Política Pública de Desarrollo Social.
Además, el Gobierno se compromete a garantizar, en un período de cinco años, a todas las familias, sumidas en la pobreza extrema, las condiciones necesarias para la generación de ingresos superiores a la línea de indigencia, atendiendo a la cantidad de miembros de cada una.
Promete además garantizar el acceso a una calidad de vida digna, como derecho humano fundamental, además de crear las condiciones necesarias para el acceso al derecho de propiedad, de la tierra y el arraigo en sus comunidades.
El abordaje para la eliminación de la pobreza, según el decreto, atenderá los lineamientos de: Multidimensionalidad de la pobreza, enfoque de derechos humanos, integral, holístico y en la potencialidad de la persona humana.
Además, propone una correponsabilidad, donde las familias serán protagonistas de su propio desarrollo mediante un proceso participativo y un plan de progreso familiar, basado en una autoevaluación de sus necesidades particulares.
El decreto compromete al sector privado y priorizará la educación dirigida a la inclusión social y económica, de manera a erradicar la pobreza extrema.
Serán ejes fundamentales la focalización territorial y el georreferenciamiento, la implementación de línea de base y la correspondiente evaluación por resultados.
“La eliminación de la pobreza extrema en el Paraguay será llevada adelante a través del denominado Plan de Acción de la Alianza Publico, Privada para la Eliminación de la Pobreza Extrema, con énfasis en la Familia (APEX)”, indica el decreto.
De esta forma, el Ejecutivo crea el Consejo Social para la Eliminación de Pobreza Extrema (APEX), que estará integrado por el Presidente o un representante del Gabinete Social del Ejecutivo, los representantes de los ministerios de Hacienda, de Agricultura y Ganadería y de Industria y Comercio.
Incluye además a la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social, la Secretaría de Acción Social, el Consejo de Gobernadores, la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) y ocho representantes de organizaciones del sector privado, designados por el Ejecutivo.