El procesado manifestó a las jueces Mesalina Fernández, Gloria Hermosa y Mercedes Aguirre que Liz Paola Duarte, conocida como la “secretaria Vip”, no era una funcionaria especial ni tenía un trato diferenciado, que la misma no ingresó en su administración y que ya estaba cuando él llegó a la institución.
Velázquez indicó además que no firmaba ninguna orden de pago sin el visto bueno de sus directores: “En los cuatro años y ocho meses que estuve como máxima autoridad de la Contraloría jamás me llegó un expediente con informes negativos”. Con relación a dicha afirmación el Tribunal le preguntó a que se refería con dichos informes negativos, a lo que Velázquez respondió: “Que me diga que no esté firmado por uno o dos directores generales, que uno de ellos se oponga al pago de ese compromiso, de forma personal, llegaba a mi escritorio, verificaba si estaban firmado y si tenía alguna observación”.
“Puedo dar fe de que mi gestión no violentó ningún a norma, ningún proceso, ni nada que pueda ir contra la ley norma”, afirmó el excontralor. De esa manera sostuvo lo que en principio venía alegando su abogado defensor José Domingo Almada en el sentido de que existen los filtros en dicha institución que deben controlar los pagos a los funcionarios.
Por otra parte, al ser consultado por Mesalina Fernández, presidenta del Tribunal de Sentencia, por el caso de una funcionaria que el 11 de febrero del 2015 marcó su horario de entrada a las 05:08 y a las 22:11 su salida pero que un informe de Migraciones refiere que ese mismo día la mujer salió del país a las 16:45 el excontralor respondió que no recibió denuncia alguna y que se enteró de esa situación en el juicio oral y público.
El juzgamiento está ingresando a su etapa final, una vez que culmine la declaración de los acusados iniciará la etapa de alegatos finales. Junto con el excontralor están acusados, la exsubcontralora Nancy Torreblanca y otros diez funcionarios, entre ellos, la conocida “secretaria vip” Liz Paola Duarte, por cobro indebido de honorarios. En su acusación, la fiscala Victoria Acuña afirma que el daño patrimonial causado por los acusados al Estado es de G. 1.121.319.953, entre los años 2014 y 2015.