Luego de que el periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano denunció que la firma Security Service Tecnology le envió dinero para suspender las publicaciones sobre el presunto direccionamiento en una licitación en el Instituto de Previsión Social (IPS), las representantes del Ministerio Público junto a tres asistentes se presentaron en la redacción de nuestro diario para recabar las evidencias correspondientes.

Se contaron los billetes que fueron entregados por Peña, que en su totalidad dieron la suma de G. 40 millones. En principio se creyó que eran solo G. 22 millones pues esta fue la cifra que la empresaria indicó que contenía el sobre entregado al periodista.

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Durante la intervención se anotaron los números de serie de los billetes, 400 en total de G. 100.000 de denominación. El dinero fue llevado por las agentes fiscales como evidencia.

Otras de las evidencias que ya están en manos del Ministerio Público son los videos grabados por Juan Carlos Lezcano durante las reuniones sostenidas con los involucrados.

Además, se pusieron a disposición de las fiscalas las capturas de pantalla de los mensajes de María Luz Peña y videos del circuito de seguridad de ABC Color que muestran la camioneta Porsche en la que llegó la misma para entregar el dinero.

El senador liberal Dionisio Amarilla, Óscar Chamorro, responsable de la empresa cuestionada por una licitación, y María Luz Peña, de una empresa de comunicación, fueron denunciados por intentar frenar las publicaciones del periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano.

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Este inició una investigación que revelaba que directivos del Instituto de Previsión Social iban a pagar al menos unos G. 40.000 millones de más por la contratación de servicios de seguridad a las firmas Bullers SA y SST Security Service Tecnology SA.

El periodista hizo la denuncia a través de la radio ABC Cardinal dejando en evidencia la forma en la que los empresarios intentaban desinflar las publicaciones periodísticas con la supuesta “mediación” del legislador Dionisio Amarilla.

A raíz del escándalo desatado por el soborno, el Gobierno decidió suspender la adjudicación a favor de la firma que iba a proveer servicios de seguridad al IPS.