La imputación por “Producción inmediata de documentos públicos” fue hecha contra la ujier notificadora Elena Cibils y la oficial de justicia Ana Ledesma, ambas del Juzgado de Paz de Encarnación, por la conducta de “declarar falsamente hechos ante el Juzgado, lo que permitió la ejecución del los haberes” contra los docentes.
Hasta el momento no se ha podido calcular la cantidad de víctimas de la supuesta estafa, ya que se siguen presentando carpetas de docentes que alegan haber sufrido descuentos en sus salarios, por créditos o adquisición de electrodomésticos que alegan nunca gestionaron y tampoco reconocen haber firmado los documentos.
“Se dan dos modalidades de investigación; primero sobre las personas que se encargaron de los créditos, que no sabemos cómo fueron gestionados – si fue estafa o se otorgaban como línea de consumo – y la segunda es sobre los descuentos compulsivos sin que fueran notificados o por no adquirir las obligaciones. A través de documentos no auténticos se habrían hecho las ejecuciones de descuentos, esas son modalidades que empezamos a investigar”, confirmó una fuente del Ministerio Público.
Las víctimas tenían como domicilio el local de la Dirección de Sueldos del Ministerio de Educación, ubicada en Montevideo 571, en Asunción. Tanto la ujier notificadora como la oficial de justicia hicieron informes que denotan la confabulación con los demandantes. La primera dijo que llevaba cédulas y dejaba “debajo de la puerta”, pese a ser una institución pública -con Recepción y persona encargada- por lo que se trataría de las famosas “cédulas voladoras”. La oficial Ledesma, por su parte, llegó a consignar que entregaba los escritos en “propias manos”, pese a que los docentes no se encontraban en el lugar.
Las empresas que forman parte de este supuesto caso de estafa son Trial S.A., Marithe S.A. y Muñequita S.A., que figuran como las que procedieron a los descuentos de salarios y otros beneficios, conforme los datos de la investigación.
Los fiscales Juan de Rosa Ávalos, Teresa Sosa y Lorena Ledesma (estas dos últimas las firmantes de la imputación) fueron recusados en reiteradas oprtunidades, primero por abogados de la firma Marithe SA, y luego por el abogado Rolando Salinas.