La policía detuvo esta mañana a una abogada y a su empleada doméstica, bajo sospecha de intentar llevarse ilegalmente de un hospital privado de Villarrica a una bebé recién nacida. La misma madre habría dado el consentimiento y es investigada al igual que las otras dos mujeres por el supuesto delito de violación de las reglas de adopción.

La mamá de la bebé, Lucilda Maidana (22), habría ocultado el embarazo a sus familiares, pero su padre Ramón Maidana y su prima María Luisa Maidana indicaron que venían sospechando. Es por ello que acudieron al Hospital Espíritu Santo de la Universidad Católica de Villarrica, donde Lucilda dio a luz por cesárea, porque les dijo que allí se sometería a una cirugía para extirpar un quiste.

En el centro asistencial se les informó que Lucila tuvo una bebé y que luego fue trasladada al Hospital de Itauguá por complicaciones tras el parto. En tanto la niña se quedó al cuidado de una mujer identificada como Ninfa Ayala, empleada doméstica de la abogada María Esmelda Brítez.

Ramón y María Maidana mantuvieron una discusión con Ninfa y posteriormente con Esmelda, quien también acudió al lugar unos instantes después. Siempre según la versión de los familiares de la bebé, la abogada les manifestó que pretendía adoptarla y que la documentación se encontraba en proceso.

Pero los familiares sospechaban que se pretendía manipular el certificado de nacido vivo para que Ninfa Ayala figure como la madre de la criatura, ya que dicho documento aun no fue expedido por los responsables médicos del hospital.

Por otro lado, el esposo de Lucila, de quien la mujer se separó recientemente, tampoco estaba al tanto del embarazo, según recalcó María Maidana.

El abuelo de la bebé radicó la denuncia en la comisaría 5ta del Barrio Santa Lucía y luego la policía procedió a la detención de las mujeres en la zona de Mbocayaty, localidad colindante a Villarrica.

Según indicaron familiares de la abogada María Esmelda Brítez, ella no tenía intención de realizar la adopción fuera del marco de la ley. La mujer y su empleada fueron puestas a disposición de la unidad penal especializada en delitos de género de Villarrica, interinada actualmente por el fiscal Carlos Alvarenga.

El delito de violación de las reglas de adopción se castiga con una pena de hasta un año de prisión o multa, tanto al titular de la patria potestad como al que recibe al niño, cuando éstos eluden los procedimientos legales para la adopción