Enrique Galeano, asesor jurídico de IPS, señaló a Radio Cardinal que los amparos promovidos por varios jueces, que obligan al ente a prestar atención sin que el paciente sea asegurado, causa pérdidas de US$ 1 millón al año.
“Vamos a iniciar denuncia y acusaciones de algunos magistrados ante el JEM, tenemos un caso de una jueza que dispuso que el IPS disponga de todos los gastos de tratamiento de un menor que su padre no tiene todavía un mes de aporte, no está cotizado”, señaló Galeano.
Ante esta cuestión, anunció que recibió la autorización de comenzar con las medidas contra los jueces que otorgan los amparos, quienes serán denunciados ante el Juzgado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Agregó que la mayoría de los amparos promovidos por jueces son para personas que necesitan acceder a tratamientos de altos costos como hemodiálisis, tratamientos oncológicos, cateterismo, marcapasos, etc.
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“La distorsión judicial le genera a la institución una pérdida de un millón de dólares al año. Y los asegurados con todas las letras ven frustradas sus pretensiones por medidas judiciales, entra una cirugía de urgencia por medida judicial, y se deben reprogramar cirugías de asegurados. Entendemos que el derecho a la vida debe proteger el Estado; sin embargo, asumimos que el Estado es el que debe proteger y no IPS, que no es financiado por el Estado. El Estado es el principal moroso”, sostuvo.
Galeano expresó que, además de la pérdida que generan los amparos judiciales, existe una morosidad de entre 40% y 50%.
Señaló que existe en total 330.000 asegurados activos cotizantes, además de 30.000 jubilados y pensionados, y con los beneficiarios se llega a 1.200.000 asegurados.