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Catia Uemura, una de las fiscalas responsables de la Fiscalía Antidrogas, se encuentra con permiso por maternidad por tres meses y la fiscala Valeriana Ferreira está sola para atender a todo el departamento del Amambay para los casos que se refieran a drogas. Como si no bastara esta situación, según fuentes a la que accedió este diario, la misma no gozaría de la confianza de los agentes antidrogas de la Senad ni de los antinarcóticos de la Policía Nacional.
Lo más llamativo de este caso es que la Fiscalía General no haya nombrado a otro fiscal que pueda por lo menos sustituir a la fiscala Uemura mientras dure su permiso de maternidad, teniendo en cuenta que el departamento del Amambay es considerado zona roja en cuanto al tráfico de drogas se refiere. Con esta situación, la lucha antidrogas en el departamento del Amambay decayó considerablemente y los narcotraficantes estarían operando sin ningún tipo de contratiempo en una zona considerada como la mayor productora de marihuana y por donde circulan miles de kilos de cocaína provenientes de Bolivia y Colombia, camino a los grandes centros urbanos del Brasil y, desde ese país, hasta el Viejo Mundo.
No se puede descartar que los traficantes de drogas estarían operando abiertamente para que la situación actual por que está atravesando la Fiscalía Antidrogas del Amambay permanezca como está actualmente, con apenas una fiscala que atienda todo el departamento. Sin embargo, según nuestra fuente, la fiscala Valeriana Ferreira habría perdido la confianza de los antidrogas debido a su floja actuación en la lucha antidrogas y por sospechas de que podría estar involucrada en irregularidades en su actuar a favor de los intereses del tráfico.
Políticos cercanos a los narcotraficantes estarían presionando e incluso ofertando fuertes sumas de dinero a fin de lograr la libertad de los supuestos narcopolíticos César Augusto Quevedo (PLRA) y José María Bogado (ANR), este ultimo cuñado del diputado colorado Marcial Lezcano, allegado al supuesto narco Rubén Sánchez, alias “Chicharo”.
El pasado martes corrió la versión de que los abogados de los dos concejales presos presentarían una revisión de medidas y que los mismos podrían salir de la prisión para una eventual prisión domiciliaria. Ante esta situación, ABC Color contactó con la fiscala Valeriana Ferreira, quien tiene a su cargo el caso de los concejales detenidos, para conocer su opinión y -para nuestra sorpresa- indicó que “ya salí de la oficina y no recuerdo cuál fue el resultado, creo que fue rechazado”, demostrando así su escaso interés o desconocimiento del caso.
Lo cierto es que existen fuertes presiones de los narcopolíticos y aparentemente habría un fuerte incentivo económico sobre la Fiscalía Antidrogas, que ahora es manejada por una sola fiscala y que -como si no fuera poco- no goza de la confianza de los antidrogas de la zona.
