Además, desvirtúan la versión de que los dueños sean responsables de los hechos denunciados. “La familia Barolo-Fernández y Karina Riveros están preocupados por esta situación. Ellos no apuestan a la violencia como los indígenas pretenden hacer entender. Estos están inquietando a los productores desde la clandestinidad, en especial a mis representados. No existe una comunidad indígena en alrededor de 40 kilómetros, por eso no puede pertenecer a los nativos”, indicó Jorge Ramírez, uno de los abogados.

Aseveró que los propios nativos secuestraron a Graciela García Benítez, de 27 años, quien días después apareció en la comisaría de Corpus Christi. La mujer declaró ante la Fiscalía de Salto del Guairá y dio detalles muy importantes y supuestamente delató a otros indígenas.

“Tenemos pruebas contundentes que van a echar por tierra las versiones de los nativos ante los órganos internacionales. Ellos pretenden adueñarse de las tierras, ya que existe una reserva en el lugar y que ya están deforestando. Tenemos nombres de personas que están involucradas. No sobrepasan 500 hectáreas las tierras que ellos pretenden obtener”, refirió.

Esperan que el Ministerio Público, a cargo del fiscal Christian Bartomeu, actúe en consecuencia.

El domingo pasado, los nativos denunciaron que supuestamente dos personas fueron tomadas por guardias de la estancia. Además, se encontraron rastros que serían humanos y que están siendo analizados. 

Isidoro Barrios sigue sin aparecer.