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Un puesto de salud fue instalado en la Plaza San Carlos para la atención de los heridos tras el enfrentamiento entre supuestos “sintierras” y agentes policiales. Según los datos preliminares, hay cinco uniformados y un fotoperiodista heridos, mientras que aún no se ha podido cuantificar la cantidad de ocupantes que resultaron lastimados en este operativo.
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En la misma plaza también se encuentran los detenidos dentro del predio de Copaco que fue invadido. Varios de ellos aseguran que fueron aprehendidos de manera irregular y violenta sin siquiera participar del enfrentamiento; unos dicen que estaban dentro de sus precarias viviendas y de ahí fueron sacados a rastras. Otro comentó que es vecino del asentamiento. También un guardia de seguridad de un club cercano dijo que ni siquiera estaba dentro del lugar del desalojo.
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El fotorreportero Raúl Cañete comentó que junto con un colega ingresaron a tomar los datos y realizar imágenes del operativo y trabajaban con normalidad hasta que uno de los uniformados les preguntó de dónde eran. Al responderle que eran de dos medios de prensa, el policía ordenó que fueran echados del sitio. “Ahí vino una turba de seis personas, empezaron a empujar, patear todo, me echaron. En todo momento lo que intentaron hacer fue romper mi cámara, cosa que lograron”, relató.
Luego de ello, ya saliendo del predio, ambos fueron “entregados” a los cascos azules. “En ese momento ya vienen dos, nos empiezan a empujar, a pegar (…) Uno de ellos me hace una zancadilla, me caigo, me tiran al barro, me empiezan a pegar, a patear hasta que sus camaradas dicen: 'Péantema, peheja chupe' (Es sufuciente, déjenlo). Y ahí reaccionan y me dejan tirado en el suelo”, agregó.
Ante este hecho, la Asociación de Reporteros Gráficos del Paraguay (ARGPY) expresó su “enérgico repudio” ante el actuar de la Policía Nacional. Exhortaron además a las autoridades a esclarecer lo sucedido y “castigar con todo el peso de la ley a quienes han violado el principio constitucional de la libertad de prensa y expresión, garantizada en la Carta Magna”. Tanto Cañete como la ARGPY realizarán una denuncia por esta agresión.
Por su parte, el comisario principal Atilio Bazán aseguró que trataron de no llegar a la violencia pero fue inevitable. “Utilizamos todos los mecanismos legales para evitar el desalojo”, aseguró ante la prensa luego del violento operativo.
Todas las personas que abandonaron sus precarias viviendas reingresaron posteriormente para retirar sus pertenencias. Muchas llegaron desconsoladas al ver que ardían en llamas o que sus objetos fueron hurtados o dañados.
Los uniformados señalan que también van a realizar la verificación de todas las casas, puesto que ya desde anoche aparentemente se estaban preparando los ocupantes para atacar con las bombas molotov que hoy fueron halladas.
Poco antes de las 7:00, casi 2.000 policías se enfrentaron con invasores de un predio de 68 hectáreas de Copaco, ubicado en la ciudad de Luque. Los sintierras arrojaron balitas y bombas molotov, mientras que los uniformados respondieron con balines de goma, carros hidrantes y gases lacrimógenos.
Una de las ocupantes relató que Cristina de Aquino es la presidenta de la Comisión que se instaló para esta invasión y se encuentra oculta hasta el momento. Agregó que ésta hasta trajo un supuesto topógrafo que midió los terrenos y cada familia pagaba G. 10.000 semanal.
Los invasores aseguraron además que el abogado del asentamiento, Néstor Noceda, les dijo que no había ninguna orden de desalojo, por lo cual muchos no se preocuparon por dejar las viviendas ni retirar sus pertenencias. También dijeron que la fiscala de la causa, Fátima Villasboa, les dijo esta mañana que tendrían una hora para sacar sus objetos de valor pero la Policía no les dio tiempo.
En estos momentos, con tractores, ya se encuentran derribando muchas de las viviendas precarias que fueron consumidas por las llamas. Numerosas familias perdieron todas sus pertenencias, tales como electrodomésticos, ropas, útiles escolares, bicicletas y muebles. Se quedaron prácticamente con las manos vacías.