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La fiscal Victoria Acuña había solicitado el sobreseimiento definitivo para el legislador, a raíz de ello la magistrada Lici Sánchez otorgó el pedido realizado por el Ministerio Público. En su momento había sido procesado por supuestas irregularidades durante su gestión en la Industria Nacional del Cemento (INC).
Según la representante del Ministerio Público, “las empresas investigadas pudieron acceder a la compra de las bolsas de cemento como distribuidoras debido a las resoluciones firmadas por los imputados, la compra masiva del cemento se ejecutó una vez que los imputados dejaron sus respectivos cargos. Esta situación imposibilita determinar la existencia del elemento subjetivo del tipo penal, razón por la cual, en este estadio procesal, no es posible completar la tipicidad de la conducta de los imputados, por lo que no amerita la continuidad de la investigación”.
En un principio la fiscal sostenía que Edgar Acosta facilitó la entrega de cemento a cinco empresas, cuando se desempeñaba como presidente de la Industria Nacional del Cemento (INC) entre los años 2008-2011. Las firmas mencionadas son: Grupo Emprendimiento Norte SA, Ferretería Internacional, Recanto SA, Herminia Raquel Quevedo y Emfraga SA.