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Pedido de desafuero llegó a la Cámara de Diputados

Este artículo tiene 11 años de antigüedad
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Este mediodía llegó al Congreso el pedido de desafuero solicitado por el juez Alcides Corbeta contra el contralor Rubén Velázquez y la subcontralora, Nancy Torreblanca de Villalba, a fin de que sea sometidos a la investigación.

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El juez penal de garantías Alcides Corbeta, remitió a la Cámara de Diputados el pedido de desafuero del contralor, Rubén Velázquez Gadea, y de la subcontralora, Nancy Torreblanca de Villalba. El oficio llegó cerca del mediodía a la mesa de entrada de la Cámara Baja.

En el  documento se solicita a los diputados que desafueren al contralor y subcontralora, respectivamente, a pedido de los fiscales que los procesaron. El titular de la Cámara, Hugo Velázquez (ANR), debe dar entrada al documento en la próxima sesión y fijar una fecha para el tratamiento del pedido. Una vez que son desaforados, el juez los procesará y concovará a su audiencia de imposición de medidas.

La fiscala Victoria Acuña, días atrás, imputó a Rubén Velazquez y a la subcontralora Nancy Torreblanca por estafa en el ejercicio de sus funciones públicas, cobro indebido de honorarios e inducción a un subordinado de un hecho punible.

La fiscalía comprobó que Liz Paola Duarte, la secretaria “VIP”, no prestaba servicios en la institución, pese a que cobraba sueldos y horas extras. A través del sistema de circuito cerrado se pudo ver que la mujer nunca asistió a su lugar de trabajo en los periodos comprendidos entre enero y diciembre de 2014 y desde enero hasta mayo de 2015. Sin embargo, en esos periodos cobró sueldo y horas extras.

Los demás imputados en el caso son: Roberto García, director general de Gestión de Talento Humano; Luis Almada, director de Administración General, y Celia Cardozo Ríos, auditora interna. Horacio Coello de Souza fue imputado por cobro indebido, al igual que Reinaldo Gadea Mongelós.

Estos dos últimos están en la misma situación que la secretaria “VIP”. Por su parte, Hugo Javier Pereira Paredes, Alicia Acevedo González y Mirian Raquel Bogado cobraban sueldo y beneficios profesionales sin contar con título universitario.

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