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El ingreso masivo de combustible de contrabando perjudica en forma directa a toda la cadena de comercialización, y en particular a las 1.700 estaciones de servicios del país y a las 17 empresas distribuidoras, aseguró Roberto Poletti, gerente de Apesa.
“En la zona de Itapúa encontramos estaciones de servicios que han reducido el horario de trabajo, eliminando un turno de atención, debido a que los márgenes de ingreso no pueden soportar la estructura del negocio en muchos lugares del país”, aseguró Poletti.
El combustible de contrabando se comercializa en zonas ribereñas, gomerías, paradores de camiones y las mismas estaciones de servicios, explicó.
Hoy en día, tanto Argentina como Brasil tienen combustibles a precios más bajos que el Paraguay. Ello se explica fácilmente, dado que se trata de países productores, con la particularidad de que la Argentina subsidia el producto.
“Es cierto que todos buscamos conveniencia y precios bajos, pero en la situación actual se requiere de una efectiva intervención estatal que proteja la industria nacional”, insistió.
El Estado es también perjudicado por el contrabando, ya que deja de percibir los impuestos correspondientes. Por el Impuesto Selectivo al Consumo, el Estado recauda G. 640 por litro de gasoíl vendido y G. 1.400 por litro de nafta.
Si bien el presidente de la República, Federico Franco, declaró que no tolerará el ingreso del contrabando, el resultado es “prácticamente nulo” por la “inacción o quizás complicidad de muchos de los estamentos nombrados”, aseguró Poletti.
“Si esto continúa así, muchos negocios legales se verán afectados al punto de no poder continuar. El Estado tendrá una significativa disminución de sus ingresos”, concluyó el titular de la organización.