“Yo voté de una manera política, mi misión fue absolutamente política, porque yo fui electo por el Partido Colorado. En segundo lugar, la Cámara de Senadores no es el estamento que puede juzgar para declarar culpable o inocente a una persona”, sostuvo el legislador cordillerano durante un acto político en la seccional Nº 130.
Dijo que su misión como colorado fue votar en contra del desafuero porque consideró que el caso de Gabriela Quintana, la “niñera” de Víctor Bogado, era “apenas la curuvica de la galletita de lo que se estaba tratando”.
Expresó que a su lado estaba “la gran panadería”, nombrando a Carlos Filizzola (PPS), quien aún no respondió por la “enorme sobrefacturación” en la compra de helicópteros. Citó además al exministro de Agricultura y actual senador Enzo Cardozo (PLRA), que también tiene “billones de guaraníes faltantes en su última administración”.
“No lo digo yo, lo dice la propia prensa. Un poco más allá le tenemos al exdirector del IPS Fernando (Silva) Facetti (PLRA), que también tiene larga y prolongada cuenta que rendir. Y si nos vamos un poco más, también le tenemos al exministro de Obras Públicas Salyn Buzarquis (PLRA), con trillones de guaraníes también sin justificación”, expresó.
Recordó que la funcionaria, cuya actuación dijo no justificar, devolvió el dinero que cobró y también puso a consideración que el director contratante de “la niñera” era Franklin Boccia, de extracción liberal.
Quiñónez realizó estas declaraciones en la noche de ayer viernes en la seccional colorada de Caacupé, durante un encuentro que el senador acostumbra llevar a cabo junto a sus correligionarios para rendir cuentas de su gestión parlamentaria, según informó la corresponsal de ABC Color, Desireé Cabrera.
Quiñónez justificó su voto diciendo que el Senado no es el órgano encargado de juzgar a una persona. Si bien, en cuanto a ello, está en lo correcto, el Congreso sí puede desaforar a un senador para que este sea sometido a la justicia ordinaria, según consta en la Constitución Nacional, en el artículo 191.
Asimismo, el Congreso sí puede juzgar a una persona, específicamente al presidente de la República, al vicepresidente, a los ministros del Poder Ejecutivo, de la Corte Suprema de Justicia, al fiscal General del Estado, al defensor del Pueblo, al contralor general de la República, al subcontralor y a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), a través del juicio político.
