El fiscal argumentó que el expediente judicial y la carpeta fiscal se habían “perdido”, pero llamativamente se han reconstruido como si nada hubiera pasado. Cuestionó con dureza al entonces juez de Curuguaty, José Benítez, y a su actuario, Mario Brítez, nuevo juez de Salto del Guairá, quienes habrían actuado con presunta complicidad para favorecer al supuesto narco.
En el marco de la investigación, el mencionado magistrado, en tres años y ocho meses, había sacado una sola providencia, pero no fijó la fecha de la audiencia preliminar como lo había requerido el Ministerio Público. Pablo Jara es el brazo derecho de la diputada colorada Cristina Villalba de Abente y del gobernador Alfonso Noria Duarte (ANR), denunciado por la Bicameral, pero al parecer el fiscal Jorge Romero “cajoneó” la investigación.
“En el día de la fecha el Ministerio Público, a mi cargo desde hace 15 días, se opuso al pedido de extinción del proceso, puesto que existió un obstáculo insuperable que es la pérdida o extravío del expediente judicial y por lo tanto consideramos que no ha corrido ni un plazo, puesto que no se ha proveído, no se ha señalado nada y notificado a la Fiscalía. Por la constancia que tenemos aquí a la vista, el juzgado se ha interesado más en providenciar el pedido de extinción solicitado por la defensa”, señaló el fiscal Rodríguez.
Ante la gravedad del caso, “solicité al juez Carlos Martínez en la audiencia que el caso remita a la Fiscalía General del Estado con el trámite de oposición a fin de dictaminar lo que corresponda”, explicó. Aseveró que las actuaciones llevadas a cabo por el juez José Benítez y su actuario Mario Brítez son motivos para que el Consejo de Superintendencia supervise la actuación.
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El representante del Ministerio Público destacó que Pablo Jara estuvo solamente 14 días en prisión y luego salió en libertad gracias a la complaciente actuación del exjuez Silvio Flores y el fiscal Diosnel Giménez, destituido. El José Zarza Galeano igualmente tuvo una actuación complaciente a favor de Pablo Jara, quien a toda costa pretende desligar del proceso.
Se habla de que poderosos políticos nombrados más arriba estarían presionando a jueces y fiscales para poder obtener el sobreseimiento definitivo. Hasta el 9 de julio se estaba “buscado” el expediente judicial sin que se haya encontrado, según una nota enviada al juez Martínez por parte de sus actuarios Jhon Medina Castillo y María Raquel Cáceres, por lo que se tuvo que reconstruir, pero sin aparecer las diligencias realizada por la fiscalía, según el fiscal Rodríguez.