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Debido al temor, los familiares del periodista asesinado el pasado 16 de octubre se vieron obligados a dejar de realizar sus actividades habituales, en tanto que Ibarra respondió que no puede asignar de oficio a agentes policiales alegando que se requiere una denuncia responsable.
A criterio de los lectores en redes sociales, estas expresiones no hacen más que confirmar el poder que tienen los narcos en lugares como Curuguaty, también lamentaron que el Estado tenga que esperar a que el país emule al Lejano Oeste para tomar acciones concretas y no esperar a que ocurran más muertes.
“Las medidas preventivas en situaciones de extrema peligrosidad como ésta no necesitan denuncias previas para activar un sistema de proteccion a las potenciales víctimas, a las personas o familiares en estado de alto riesgo y de indefensión total. Lamentable, pareciera que está jugando, descaradamente, ‘su’ partido a favor del crimen organizado”, sostuvo Francisco Deiró.
“Cuando una autoridad hace ese tipo de comentario, tenemos derecho a pensar que están a favor de los narcos”, expresó Oscar Irún. Betty Nardi dijo que “no deberían esperar denuncia, por la gravedad del caso de Pablo Medina tendrían que contar con protección toda la familia de él y la testigo”.
Las palabras del viceministro motivaron nuevamente el pedido de renuncia tanto de Ibarra como su superior inmediato, en este caso el ministro Francisco de Vargas, bajo el argumento de la ineptitud para hacer frente a la inseguridad que se vive mayormente en el área metropolitana y en el norte del país, zona de influencia del EPP y en Canindeyú, donde el narcotráfico tiene tentáculos en todas las instituciones del Estado.
Según Ibarra, en la sede del Ministerio del Interior de Asunción no llegó la información de que la familia de Pablo Medina seguía siendo amenazada por narcos, a poco más de una semana de su muerte. Dijo que “si quieren vivir con temor” pueden seguir sin denunciar. “No puedo obligarle a nadie a hacer lo que no quiera”, dijo el viceministro.