El señor Contrera fue detenido por supuesta portación de cocaína en un paquete que desde la Senad se aseguraba que había sido hallado en su bolsillo, aunque en el juicio se afirmó que estaba posiblemente oculta detrás de él y le fue atribuido a su propiedad por sus características físicas. Dicho operativo estuvo encabezado por el actual ministro del Interior.

Lizandro Fretes comenzó diciendo que "nada relata mejor la realidad policial y la inseguridad como el actual ministro del interior quien desde sus funciones de fiscal ya tenía el esquema de El Padrino". Raúl Samaniego manifestó "casi cinco años de cárcel y a de Vargas le premian como Ministro del Interior. Lo que la justicia debería hacer es sancionarlo con la misma cantidad de años". Rubén Lovera señaló que "se le debe prohibir a la Fiscalía la facultad de imputar, solo debe investigar y someter al juzgado de garantías el caso".

En respuesta a Lovera, Gladys Ortiz dijo que "también se le debe prohibir la imposición de medidas que son extorsivas, con la que se mete a todos en una misma bolsa sean inocentes o culpables". Carlos Velázquez opinó que "es totalmente procedente la Indeminización por el Art. 33 de la CN. Toda persona tiene derecho a ser indemnizada por los daños o perjuicios de que fuere objeto por parte del Estado". Nelson Blaires dijo que "es en estos casos donde deberían actuar las ONG de DDHH, y no cuando algún terrorista o motochorro es tomado preso".

Auria Villalba recordó que "hay muchísimos casos así en Tacumbú y en otras cárceles del país, personas inocentes presas por este tipo de causas y a nadie le importa". Raquel Recalde terminó definiendo la situación diciendo "esto se llama terrorismo judicial".

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