El comisario Víctor Ortiz, jefe de la comisaría de Luque manifestó que Cristina Aquino llegó junto a su abogado de manera voluntaria, donde quedó detenida. Según el uniformado, la mujer dijo estar molesta y preocupada por todas las acusaciones en su contra publicadas en los medios de prensa y redes sociales.
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Agregó que esta misma noche será trasladada a la comisaría 17 de Mujeres donde guardará reclusión hasta que la fiscala, Fátima Villasboa fije día y hora para la declaración indagatoria.
El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, mencionó que la mujer se dedica a la venta de crack y que tiene todo un negocio detrás de las invasiones de tierras.
Durante un violento desalojo llevado a cabo el pasado martes a primera hora en Luque, varios de los desalojados dijeron que "todo es culpa en ña Cristina y el abogado Néstor Noceda", quienes habrían prometido que el Estado paraguayo compraría el inmueble privado para la construcción de viviendas.
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La lideresa de la ocupación, Aquino Saucedo, junto con Noceda, a través del montaje de una red de colaboradores obligaba a las 400 familias a pagarles para estar en el sitio, según algunas de las personas desalojadas. Estas personas expresaron que para entrar al terreno habían abonado G. 800.000 y que existía una cuota semanal de G. 20.000 por familia para permanecer en el lote asignado.
Para las conexiones ilegales a la red de energía eléctrica y al sistema de distribución de una aguatera privada, por cada hogar abonaban G. 1.000.000. También por los servicios de un topógrafo cada familia entregó G. 300.000 a la impulsora de la invasión.
Nuestro diario accedió a algunos de los recibos de dinero que fueron entregados por los pagos que realizaban. En uno de los documentos, con fecha 21 de noviembre de 2018, se detalla el pago de G. 150.000 por “mensura”.
Sin embargo, el recibo está firmado por una mujer de nombre María Cuéllar, quien sería parte de la red para los cobros que logró montar Cristina Aquino en el asentamiento autodenominado Héroes del Chaco.
En otro documento, con fecha 8 de agosto de 2018, aparece el cobro de G. 500.000 en concepto de “derecho de piso”. Esta vez, la firma corresponde a una tal Nadia Gómez.
El Ministerio Público comunicó, a través de la nota N° 194, al comandante de la Policía Nacional, Walter Vázquez, que los fiscales Fátima Villasboa Maidana y Francisco Cabrera dispusieron la detención preventiva de Samuel Ramón Flores (46), Nestor Noceda Amarilla (38), Ricardo Martínez González (62), Antonio Segovia Acosta (44) y Cristina Aquino Saucedo (38).
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