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El MNP presentó este martes en el Congreso paraguayo su informe anual correspondiente a 2016 y afirmó que “la violencia del Estado no es democrática”, sino que “afecta en el encierro a las personas que suman factores de vulnerabilidad”, señaló el comisionado del ente Roque Orrego.
Orrego dijo a Efe que el sistema penal “funciona como una epidemia: ataca a quienes son más vulnerables”, y entre estos factores de vulnerabilidad citó la raza, la pobreza y la orientación sexual.
Además, señaló que en Paraguay “la brutalidad sigue siendo la respuesta” que brinda el Estado a los delitos, y sus políticas de combate al crimen “no apuntan a los grandes hechos punibles que desestabilizan la democracia”, sino que mantienen “la rutina de enfrentarse a los más débiles”.
Orrego puso el ejemplo del microtráfico de drogas, delito por el que están encarceladas el 58,5 % de las mujeres privadas de libertad.
Según el informe del MNP, la mayor parte de estas mujeres experimentó situaciones de violencia previas a su ingreso en prisión, ya que el 43 % confesó haber sido víctima de violencia en la pareja, mientras que el 20 % vivió en situación de criadazgo, una forma de explotación laboral infantil ligada al trabajo doméstico.
Frente a estas mujeres excluidas que ahora se encuentran en prisión por comercialización de pequeñas cantidades de droga, Orrego afirmó que las grandes mafias del narcotráfico, en su mayoría comandadas por varones, permanecen impunes y controlan áreas del país como la frontera con Brasil.
En zonas como el departamento de Amambay, la tasa de homicidios es de más de 90 por cada 100.000 habitantes, una cifra que aumentó un 21 % entre 2013 y 2015, y un 18 % entre 2015 y 2016, según el MNP.
Sin embargo, estos crímenes, ligados al narcotráfico, no son castigados, debido a que “las mafias crean una red de poder que permea las instituciones y la sociedad”, y se aseguran así impunidad y protección, según Orrego.
El comisionado del MNP también señaló que las personas vulnerables que son encarceladas padecen nuevamente violaciones de sus derechos en las prisiones, lo que dificulta que puedan reinsertarse en la sociedad una vez abandonan las cárceles.
Entre estas vulneraciones, citó la ausencia de atención sanitaria en prisiones como el penal de Tacumbú, en Asunción y la mayor cárcel del país, donde para 3.500 internos apenas hay cinco médicos.
El MNP añadió que durante más de 100 días al año no hay ningún médico en esta cárcel, pese a que el hacinamiento, las condiciones higiénicas, la mala alimentación o el uso de drogas hacen a los internos más propensos a enfermedades.
Orrego también se refirió a la discriminación que enfrentan las reclusas lesbianas, a quienes se niega su acceso a visitas íntimas con parejas de su mismo sexo, como denunciaron el año pasado, lo que supone “una violación de un derecho fundamental”.
El comisionado del MNP pidió a las autoridades paraguayas que garanticen que el poder penal no se aplica por diferencias de clase social, y exigió que minimicen las penas de encierro y apuesten por las medidas alternativas a la prisión que busquen la inclusión de las personas.
En 2016, la población penitenciaria de Paraguay creció un 8 %, cifra inferior a la tasa del año anterior, cuando aumentó un 13 %.