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Fick fue capturado el 2 de abril tras un enfrentamiento en el que murieron dos guerrilleros y un militar, después de que un grupo del EPP asaltara una estancia en Paso Tuyá, en el departamento de Concepción.
Los 30 días de cautiverio se cumplen mientras las autoridades investigan el robo esta semana de municiones y material policial a poco más de 20 kilómetros del lugar donde Fick fue capturado, un área donde la guerrilla ha realizado varias acciones, por lo que existe la posibilidad de que fuera obra del EPP.
La familia del adolescente afirma que cumplió con las condiciones de la guerrilla para liberarlo, consistentes en la difusión de un vídeo propagandístico y el reparto de alimentos por valor de 50.000 dólares en dos comunidades pobres.
El enfrentamiento armado que ocurrió durante su secuestro se produjo después de que la Fuerza de Tarea Conjunta, el combinado de policías y militares encargados del combate contra el EPP, recibiera un mensaje telefónico de socorro de un vecino.
El Ministerio del Interior indicó inicialmente que los guerrilleros se llevaron a Fick como un “escudo humano” para proteger su huida.
No obstante, posteriormente surgió la hipótesis de que el objetivo principal de la banda no era robar dinero y alimentos, sino el secuestro del joven, pues habitantes de la zona revelaron que habían denunciado en una carta enviada al Ministerio del Interior una ola reciente de asaltos a casas, incluida la de Fick.
Los guerrilleros podrían haber decidido secuestrar al joven tras entrar en su vivienda por primera vez, en diciembre de 2013.
La Fiscalía estima que el EPP, al que las autoridades atribuyen más de 30 muertes desde 2005, cuenta con unos 20 militantes en total, con base en las imágenes difundidas en enero por la guerrilla, en las que aparecían portando armas automáticas.
Por ahora las autoridades tampoco han determinado si los autores del robo del equipo bélico el pasado martes fueron miembros del grupo.
“Nos preocupa profundamente que ese tipo de mercaderías puedan ser comercializadas tan libremente y en una zona tan sensible como el norte del país”, dijo hoy el Ministro del Interior, Francisco José de Vargas.
La acción fue llevada a cabo por cuatro desconocidos con la cara descubierta, vestidos con pantalón de camuflaje, que robaron a un comerciante los 400 cartuchos de calibres 38 y 9 milímetros que llevaba en una camioneta para su venta a policías de la Comisaría 21 de la localidad de Kurusu de Hierro, según informó hoy la Fiscalía.
También le sustrajeron uniformes policiales y chalecos tácticos y antibalas, según el Ministerio del Interior.
El comerciante, Elpidio Álvarez Vera, de 33 años, prestó hoy declaración ante la Fiscalía, tras interponer una denuncia por el robo.
De Vargas afirmó que corresponde al Ministerio Público averiguar si la empresa responsable de las mercaderías está vinculada comercialmente con la Policía Nacional.
También destacó que el transporte, tenencia y comercialización de municiones debe estar autorizado por la Dirección de Material Bélico de las Fuerzas Armadas (Dimabel).