Sistema eléctrico al tope y bajo riesgo. 2030, fecha límite

Sistema eléctrico.
Sistema eléctrico.

Paraguay enfrenta una paradoja en su historia energética: dispone de una de las matrices eléctricas más limpias del mundo, pero su sistema no está plenamente preparado para acompañar el crecimiento del consumo, la electrificación de la economía y la industrialización que el país busca consolidar.

ABC Negocios conversó con Nicolás Foissac, consultor en Transición Energética y director de FSC Energy, y con Laine Lezcano, investigadora del Grupo de Sistemas Energéticos (GISE) de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, para analizar el futuro del sistema energético del país desde la generación, la gestión y el uso eficiente.

Desde la visión del sector privado, el problema estructural radica en el monopolio del sistema eléctrico en un solo actor. La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) concentra la generación, transmisión y distribución, limitando la gestión eficiente y planificación de toda la cadena. “El cuello de botella está en la infraestructura, la gestión del sistema y el modelo de funcionamiento, no en el recurso energético”, subrayó Nicolás Foissac.

2030, el punto de quiebre

Las alertas no son teóricas. Proyecciones conservadoras ubican el punto crítico del sistema hacia 2030, mientras que escenarios más pesimistas advierten que febrero de 2029 podría marcar el primer quiebre serio.

En términos de infraestructura eléctrica, ese horizonte es prácticamente inmediato. La crisis no se manifestaría como un apagón nacional repentino, sino como una degradación progresiva del servicio: más cortes en verano, restricciones para nuevas conexiones industriales, caída en la calidad de tensión y creciente dependencia de soluciones individuales.

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Si no se actúa con anticipación, Paraguay corre el riesgo de entrar en una lógica reactiva mucho más costosa. Hoy, muchas industrias ya deben asumir costos adicionales mediante generación propia a diésel para garantizar su operación.

Para Foissac, esto evidencia una brecha profunda entre la narrativa de potencia energética limpia y la realidad operativa del sistema. El debate, aclara, no es ideológico. El sector privado no plantea “abrir o cerrar” la ANDE, sino hacer que el sistema funcione mejor.

Existen referencias regionales claras, como Brasil, con apertura parcial de mercados, o Uruguay, con una empresa estatal fuerte que planifica y licita generación privada en puntos estratégicos. “Ese enfoque es perfectamente aplicable a Paraguay”, sostuvo.

Apertura y alianzas con sector privado

Para el experto entre las medidas urgentes se destacan la reglamentación de la Ley 7599, la habilitación de mecanismos modernos de inversión en redes —como APP, concesiones específicas y contratos por desempeño— y el fortalecimiento de la planificación energética con reglas claras y señales estables para la inversión de largo plazo.

Si se habilitan mecanismos claros y bancables, Paraguay podría movilizar cientos de millones de dólares en el corto plazo y miles de millones en la próxima década, una escala acorde a las necesidades reales del sistema.

La diversificación de la matriz eléctrica también aparece como una necesidad estratégica. No por falta de energía hidroeléctrica, sino por resiliencia y flexibilidad. La energía solar distribuida, el almacenamiento y la eficiencia energética son claves para gestionar picos de demanda y aliviar la presión sobre la red.

El almacenamiento, en particular, ya no es una tecnología futura, sino una herramienta central de confiabilidad. La biomasa requiere mayor orden y criterios de sostenibilidad, mientras que la eólica presenta un potencial más limitado y localizado.

Innovación y automatización como valor agregado

Por encima de todas las opciones, la eficiencia energética es señalada como la mayor oportunidad del país: es la fuente más barata, más rápida de implementar y más limpia. Tratarla como un recurso energético en sí mismo permitiría ganar tiempo y reducir inversiones innecesarias.

Foissac advierte que normalizar el generador diésel como solución estándar es un síntoma de un sistema que no está funcionando. A esto se suman pérdidas técnicas y no técnicas, mala gestión del pico de demanda y falta de información en tiempo real.

La digitalización del sistema —medidores inteligentes, automatización, sensores y analítica de datos— es un salto tecnológico urgente.

El impacto de no reformar el sistema es silencioso pero profundo: cada corte encarece producir en Paraguay, frena inversiones, limita la llegada de industrias de mayor valor agregado y reduce la creación de empleo formal. La electricidad confiable no es un beneficio adicional, es una condición básica para el desarrollo.

“El principal riesgo es perder una década completa de oportunidades”, concluyó Foissac. En un mundo que se electrifica rápidamente, Paraguay tiene la energía que el mundo busca. Lo que está en juego es si será capaz de transformarla en desarrollo real o si seguirá siendo un potencial desaprovechado.

Laine Lezcano: “De hub de generación a polo de servicios y productos”

Laine Lezcano expresó que el país cuenta con abundantes recursos, especialmente hidroeléctricos y solares. La reciente Ley Nº 7599/2025 marca un punto de inflexión al incentivar la generación distribuida, que ayuda a descongestionar el sistema. Sin embargo, advirtió que “el verdadero inconveniente está en la transmisión y, principalmente, en la distribución”.

Lezcano señaló que las ineficiencias del sistema se concentran en tres niveles: pérdidas técnicas, pérdidas no técnicas —como conexiones irregulares— y un tercer factor menos visible, pero igual de relevante, la ineficiencia en el consumo. “La falta de educación energética también genera pérdidas y estresa innecesariamente al sistema”, afirmó.

Para el corto plazo planteó optimizar la infraestructura existente mediante mantenimiento predictivo y promover el uso racional de la energía, incluso desplazando el consumo fuera de las horas pico. Para mediano plazo subrayó la necesidad de diversificar la matriz con energía solar, biogás y biomasa certificada.

“El mayor riesgo es perder nuestra ventaja competitiva y terminar importando energía”, advirtió. Para evitarlo, sostuvo que se requieren reglas claras, tarifas técnicas que cubran costos reales y un ente regulador independiente. El objetivo final, resaltó, es pasar de ser solo un hub de generación a un polo de servicios y productos energéticos con valor agregado.