De acuerdo con el presidente de la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) Diego Torales, sobre el caso Lusipar, destacó que “afortunadamente”, el Ministerio Público actuó de manera correcta y distinta a otros antecedentes y lograron restituir al Estado paraguayo la posesión de la propiedad, haciendo valer el Estado de derecho.
No obstante, cuestionó duramente la actuación del Poder Judicial, en particular del Juzgado de Garantías de San Pedro, que otorgó medidas alternativas y posteriormente la libertad a los dirigentes imputados por hechos violentos, entre ellos el atropello de una barrera policial y atentados contra la vida de agentes del orden.
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“Envía un mensaje equivocado”
A su criterio, esta decisión no se ajustó a derecho y “envió un mensaje equivocado a la sociedad”, al relativizar hechos claramente delictivos y vulnerar derechos de terceros, incluido el del propio Estado.
“Si bien el operativo policial y la imputación inicial generaron expectativas positivas, la posterior liberación de los procesados desactivó cualquier efecto disuasivo”, apuntó.
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Asimismo, advirtió sobre las versiones de algunas de estás personas de un nuevo intento de invasión en la zona. En ese contexto, sostuvo que muchos de los involucrados no son sujetos de la reforma agraria ni campesinos sin tierra, sino personas con antecedentes por ocupaciones violentas.
Caso Isla Pucú
Por otra parte, el representante de la rural detalló que el domingo se constató nuevamente un intento de invasión y tala de árboles a una propiedad privada ubicada en el límite entre Eusebio Ayala e Isla Pucú, dicho inmueble pertenece a Agroganadera Nisa.
Torales señaló que el propietario ya había realizado varias denuncias, pero que la Fiscalía no tomaba las medidas pertinentes. Si bien ahora el caso registró avances tras la designación de Norma Salinas como nueva fiscal, quien ayer martes procedió con las imputaciones a los responsables que se encontraban en el lugar.
Mencionó que el reclamo en contra de la fiscal Alma Zayas- anteriormente era la responsable de investigar la denuncia- se mantiene.
Antecedentes del caso
Según explicó, los ocupantes ingresaron el domingo 4 de enero último de manera ilegal a la propiedad de Agroganadera Nisa y fueron sorprendidos algunos nativos talando árboles a plena luz del día y los propietarios denunciaron el hecho ante el Ministerio Público y el Instituto Forestal Nacional (Infona).
“Lo más grave es que el propietario, además de ser víctima de una invasión, corrió el riesgo de ser culpado por la deforestación si el Estado no actuaba a tiempo”, advirtió.
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Alarmante y lenta actuación
El profesional calificó de “alarmante” la situación y cuestionó que en su momento se tuvo una lenta actuación del Ministerio Público.
Torales indicó que en caso de Isla Pucú, después de seis meses las autoridades toman cartas en el asunto, dado que desde hace tiempo vienen enfrentando intentos de invasión, que cada vez se estaban “poniendo más agresivos” como lo ocurrido el pasado domingo.
“Casi todos los días se les comunicaba a la Fiscalía de los hechos, pero no actuaban. Así de esa manera se permitió que continúen la invasión y los delitos ambientales”, cerró.