Como denuncié en esta columna de opinión del diario ABC Color del 30 de mayo, este Proyecto Nacional viola once artículos de la Constitución Nacional y treinta y tres en tres leyes: en la Ley General de Educación, la Ley Orgánica del MEC y la Ley del Código de la Niñez y Adolescencia.
En un Estado social de derecho es inconcebible que una institución pública del Gobierno invierta dinero público (del pueblo) y prepare un proyecto de ley sobre el contenido de los documentos de un Proyecto Nacional que viola la Constitución Nacional y las leyes, y que lo hagan con el propósito de obtener del Congreso de la Nación la correspondiente ley sancionada, que (¡atienda bien, estimado lector!) obligue a toda la ciudadanía a violar la Constitución y las leyes.
¿Puede existir algo más absurdo y grotesco? ¿Una ley de educación, que pretenda legitimar la violación de once artículos de la Constitución Nacional y treinta y tres de tres leyes y que pretenda exigir que la ciudadanía las siga violando?
Lo que corresponde obviamente es que las máximas autoridades de la educación manden retirar inmediatamente ese Proyecto Nacional que dicen es para transformar y mejorar la educación, y realmente lo que hace es violar Constitución y leyes y hundir definitivamente a la educación paraguaya y el Estado de derecho.
Si las autoridades del Poder Ejecutivo no retiran el Proyecto Nacional, ilegal y lesivo, y su absurdo proyecto de ley, cuando este “proyecto de ley” solicite entrada en cualquiera de las Cámaras del Congreso, allí deben cerrarle el paso “in limine”, por pretender obligar por ley a desobedecer a la Constitución y las leyes.
Entonces se constatará “oficialmente” que, en efecto, lo que se está cocinando subrepticiamente es propio de la barbarie jurídica.
Lo que está sucediendo en el gobierno y la dirección de la educación nacional parece copiado de la narrativa kafkiana, porque a su perversión jurídica se suma la pasividad del entorno.
Es impresionante y cuestionador el incomprensible silencio de los partidos políticos y sus líderes ante el estado calamitoso de la educación nacional y el producto de la dirección y gestión del Proyecto de Transformación Educativa.
El Partido Colorado algún día tendrá que dar cuentas de su alta cuota de responsabilidad en el derrumbe de la educación pública. Los demás partidos de presunta oposición tendrán que explicar su silencio permisivo y su pasividad cómplice ante tan grave situación de la educación y su repercusión directa e inmediata en el subdesarrollo y empobrecimiento del país.
Los organismos del Estado y sobre todo sus dirigentes, responsables de defender y promover el Bien Común. del que la educación, como bien público, es capítulo prioritario, junto con la justicia, tendrán que dar cuenta de cómo hemos llegado a este estado de desprecio a la Constitución Nacional y las leyes, a este caos y barbarie jurídica.
La ciudadanía debe asumir su responsabilidad cívica y protegerse y proteger a sus hijos de la usurpación de derechos que trae consigo tan grave violación de la Constitución y las leyes.
Con este Proyecto Nacional de Transformación Educativa se atropellan derechos como el de la patria potestad, primacía e integridad de la familia, la vida desde la concepción en el seno de las madres, la vida hasta la muerte natural, la educación religiosa, el pluralismo ideológico en la educación sin imposición de ninguna ideología, la creación de las comunidades educativas en las instituciones educativas, el derecho de los padres a “dirigir el proceso educativo de los hijos”, el respeto a la naturaleza biológica de varones y mujeres, la identidad, protección y promoción de nuestras culturas paraguayas…
Ante este devastador y terrible panorama, ningún ciudadano auténticamente paraguayo, que ame a Paraguay y su futuro, puede quedar con los brazos cruzados.