En aquel entonces, concejales departamentales llevaron adelante un golpe destituyendo al gobernador del departamento, amparándose en una pintoresca nota de renuncia con un garabato como supuesta firma, que habían dicho que fue presentada por, nadie supo quién, a través de la mesa de entrada de la Gobernación.
Sin más trámite depusieron al entonces gobernador sin siquiera intentar hablar con él ni pedir al menos alguna referencia a la funcionaria que recibió la supuesta renuncia al cargo de mayor poder dentro del departamento.
Tras algunos de días de conflictos y enfrentamientos entre partidarios del gobernador y sus detractores, el entonces administrador departamental Rodolfo Friedmann fue luego repuesto en el cargo como gobernador de Guairá, acusando a su correligionario y entonces senador, Gustavo Alfonso, de estar detrás de esa movida.
Ayer tuvimos un episodio igualmente rocambolesco en la misma gobernación.
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Un concejal departamental presentó la renuncia del gobernador Juan Carlos Vera, que ya había sido presentada en una escribanía el miércoles 29 último.
En esta ocasión la nota de renuncia fue real, y los concejales opositores al intervenido gobernador se apresuraron a convocar a una sesión para aceptar la renuncia y designar ya a su reemplazante para completar el periodo.
Pero enterado de la situación el gobernador envió una nota a la junta departamental para retirar su renuncia declarando que no es su voluntad en este momento.
Vera asegura que presentará su renuncia personalmente el martes, alegando que no hay garantías en la intervención que soporta su administración.
El todavía gobernador, salvo que Guairá nos dé alguna otra sorpresa entre el momento en el que se escribe el comentario y el momento de su lectura, pretende candidatarse a senador, y la intervención que lleva apenas poco más de una semana ya encontró algunas irregularidades administrativas como que más de 200 supuestos funcionarios en realidad cobran como comisionistas.
El fondo de la cuestión es una grave denuncia por la malversación de unos dos millones de dólares asignados al gobierno departamental durante la pandemia, con el objetivo de destinarlos a ayudar a los más afectados por la enfermedad y por las restricciones.
Pero el dinero una vez más fue a parar a las manos equivocadas.
Una comitiva de la subsecretaría de Tributación fue a buscar el local de una comisión vecinal y se encontró con un patio baldío.
En otros casos sus miembros hablaron con representantes de algunas comisiones vecinales que figuran como receptoras del dinero, pero estos representantes les dijeron que no recibieron un solo guaraní.
Corroboraron además las facturas presentadas y se encontraron con que, o fueron clonadas, o directamente fueron falsificadas.
El caso tiene mucho en común con lo que ocurrió con un millón de dólares en la Gobernación de Central bajo la administración de Hugo Javier González, quien a raíz de ello ya fue destituido, luego de que se corroborara un alevoso esquema de clonación de facturas, empresas fantasmas y pagos por obras que ya habían sido financiadas con otros rubros.
En lo político ya hubo consecuencias, resta por ver cuál será el resultado que obtendrá la fiscalía.
Ambas gobernaciones nos llevan a recordar el deseo de que en medio de alguna reforma constitucional, se prescinda de la creación de estas estructuras, perfectamente reemplazables por un consejo de intendentes de cada departamento, que canalice y administre las necesidades regionales.
Será más práctico y menos costoso.