“Inconsistencias administrativas”

Un informe de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que tuvo entrada en la Junta Departamental de Itapúa (JDI) la semana pasada, habla de al menos 15 “hallazgos” de irregularidades en una contratación realizada por la gobernación de Itapúa para la construcción de un pabellón para enfermos de covid-19 en el Hospital Regional de Encarnación (HRE), y la adecuación del sector de hemodiálisis de este hospital y el del Instituto de Previsión Social (IPS), durante la crisis sanitaria por el covid-19.

En plena pandemia, mientras la gente se moría de miedo en sus casas y se fallecía en los hospitales por la falta de insumos y medicamentos, la gobernación contrata en forma directa a una empresa, Tinto S.A., sospechada de ser “de maletín”, para ejecutar obras por unos G. 2.000 millones.

En su momento, se habló de que detrás de esa millonaria contratación directa se tejía un entramado de intereses y vinculaciones entre funcionarios de la gobernación, incluido el gobernador de entonces, Juan Schmalko (ANR, HC) y su secretario de Obras Públicas, José Luis González; la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), y la empresa Tinto S.A.

Como para dar sustancia a la especulación, una de las directivas de Tinto S.A., junto con Rubén Sykora, es la vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UNI, Susana Lugo, y el entonces secretario de Obras de la gobernación, es hijo del rector de la UNI, Hildegardo González.

Una oportuna y valiente denuncia de un médico del HRE, Dr. Raúl Ramírez, sobre la presunta intención de Tinto de hacer pasar gato por liebre e instalar un compresor de oxígeno usado como nuevo, para el pabellón de internados por covid, disparó la alarma, y dio pie a una investigación de oficio de la DNCP, que detectó nada menos que 15 “inconsistencias administrativas” en contravención a la ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

La JDI, que en teoría es el órgano contralor del ejecutivo departamental, pateó la pelota para adelante y derivó el informe a la Contraloría, en lugar de dar intervención al Ministerio Público. Tal vez a la espera que el asunto termine en el desaguadero del “oparei”.

jaroa@abc.com.py

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