No han escapado en nuestro medio las repercusiones producto del reciente fallo emitido por el juez Wilfrido Peralta en el caso que involucra al Diario ABC y uno de sus periodistas y donde quiérase o no están en juego las más preciadas libertades de rango constitucional como son la libertad de prensa e información más aun en cuestiones donde está de por medio el interés general, tanto es así que varios magistrados del área penal han, con justo derecho, emitido opiniones de apoyo tanto al contenido del fallo como al juez que lo emitió independientemente de que entre esas se encuentran algunas que rayan el absurdo y un total desconocimiento del rol de los poderes del Estado.
Me refiero al emitido por la jueza Laura Ocampos, quien ha considerado a la crítica realizada por quienes fueron objeto del fallo en cuestión como una suerte de “coacción a un órgano del Estado”. “Hay un hecho punible denominado coacción a un órgano del Estado… Nosotros formamos parte de un órgano del Estado que es el poder judicial…” (…)
Entiendo que dicha aseveración, la que reitero es un absurdo, la hizo la citada magistrada por desconocimiento o por estar imbuida por una equivocada concepción de lo que significan las garantías constitucionales de libertad de prensa y expresión, que deberían ser patrimonio de todo magistrado, de un buen magistrado, amén de desconocer que la crítica a los fallos está garantizada constitucionalmente y esto por cuanto que los jueces no tienen inmunidad absoluta sobre el contenido de sus decisiones como que el acrecentamiento de la intervención del Poder Judicial en el gobierno requiere tanto su propia mejora institucional como la de los procedimientos de control, todo ello a fin de nivelar la ecuación constitucional que señala que “a mayor poder político, mayor responsabilidad institucional y mayor necesidad de control”.
Desconoce igualmente la citada magistrada que independencia y responsabilidad judicial se demandan mutuamente y son las macizas bases sobre las que se deben asentar los poderes judiciales, como también que el Poder Judicial, del que forma parte, tiene la obligación de responder a la demanda de apertura.