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Este incidente no es sino una consecuencia “colateral” de un manejo poco participativo del proceso de concesión de las tres playas (Ybycuí, Pirayú y Tacuary) que tiene la ciudad, tal como lo había denunciado públicamente la bancada opositora en la Junta Municipal. La explotación de los espacios públicos fueron adjudicadas sin llamado a licitación, con aprobación de una mayoría de concejales “alineados” al intendente Germán Gneiting Rodríguez (colorado cartista).
Un concepto muy extendido en nuestra democracia criolla es que “la mayoría manda” y se cumple lo que dispone, aun cuando las decisiones “en mayoría” colisionan con la legalidad o legitimidad.
En su momento, el intendente sostuvo que por la premura del tiempo no se hizo el llamado a licitación. El argumento es más bien endeble, atendiendo a que ya a mediados del año pasado se planteó en la Junta Municipal la necesidad de poner en marcha un “operativo verano” previendo, precisamente, todo lo relacionado a las tres playas y otros servicios para turistas.
Un aspecto intrínseco al sistema democrático es la transparencia que debe regir todo acto de gobierno, sea nacional, departamental o municipal, en el caso de Carmen del Paraná. Es la condición que otorga legitimidad de acción a quienes administran la cosa pública.
Precisamente esta falencia dejó fuera de juego a un mini empresario que venía ejerciendo una actividad relacionada a las playas, y que derivó en un conflicto que poco favor le hace al esfuerzo de la Municipalidad por convertir a la ciudad en atractivo destino turístico del séptimo departamento.
Las playas de Carmen del Paraná son un diamante en bruto, que bien pulidos pueden convertirse en fuente permanente de recursos económicos en una comunidad donde no abundan las oportunidades laborales. Pero, se requieren políticas de gobierno claras, previsibles, con mirada que propulse la democracia económica. Dando oportunidad a la gente. Lo contrario abre puertas a las más variadas especulaciones y conflictos, como ocurre ahora.