Una contraloría solo en los papeles

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La Ley Nº 4758 “Que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación” fue promulgada el 21 de septiembre del 2012. Es decir, lleva una década de vigencia, en donde lo único que abundan son las denuncias por mal uso del dinero que distribuye el Ministerio de Hacienda a las municipalidades y las gobernaciones.

Muy poco avance se tiene en cuanto a mejoras edilicias, pues a lo largo y ancho del país las escuelas se caen a pedazos, y en cuanto a investigación es muy escaso el dinero destinado a ello, para no decir nulo.

Según el Ministerio de Hacienda unos G. 369.365.206.506 se transfirieron en concepto de Fonacide a las municipalidades y gobernaciones durante el 2022, una suma billonaria pero que contrasta totalmente con el informe del Ministerio de Educación que indica que el 80 por ciento de las escuelas necesitan mejoras urgentes.

Hay que tener en cuenta, que para que los intendentes reciban las transferencias de Hacienda necesariamente deben presentar su rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República (CGR), y si uno ingresa a verificar allí los informes, encontrará que máximo 10 jefes comunales incumplen dicho requerimiento. Entonces, ¿Cómo es posible que las instituciones educativas estén en tan mal estado, si supuestamente los intendentes rinden cuentas? ¿Cómo es qué en los papeles las obras existen y debido a eso Hacienda sigue transfiriendo los fondos?

Para delinear una respuesta basta solo un ejemplo: en Caapucú desde hace un año la ciudadanía exige mayor transparencia, varias veces una comitiva de caapuqueños se reunió con los encargados de verificar las documentaciones en la CGR alertando sobre la falta de rendición de cuentas y la ausencia de obras, pero llamativamente el intendente cartista Gustavo Penayo con una dudosa denuncia sobre extravío de chequera obtuvo una “constancia” de la CGR y está a punto de tener otra nueva transferencia de Hacienda, pero sin explicar qué hizo con los G. 3.900 millones que recibió al asumir el cargo en el 2021. Este “blanqueamiento” generó suspicacia entre los capuqueños, quienes lamentan que el ente contralor haya ignorado sus denuncias y aseguran que si la Contraloría hubiese sido más rigurosa, tendríamos más escuelas en óptimas condiciones y menos intendentes malversando el dinero del Fonacide.

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